La nueva vinculación del general (r) Rito Alejo del Río a la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado es para la familia del político asesinado en 1995, una estrategia de dilación para no dar con los “peces gordos” del caso antes de que precluya la investigación, que lleva ya más de 21 años.
Según le dijo a EL COLOMBIANO Enrique Gómez Martínez, sobrino de Gómez Hurtado y abogado de la familia, la Fiscalía no ha tenido líneas de investigación claras que apunten hacia los máximos responsables, y “cuando se ve en la necesidad de señalar al alto Gobierno y a la cúpula militar vuelve a atacar a las bases”.
Gómez Martínez y defensor del alto oficial militar, Édgar Torres Martínez, coincidieron en que los exparamilitares Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo Bejarano, “Don Berna”, ya declararon y dijeron que Del Río no tuvo que ver en el homicidio.
Torres Martínez incluso aseveró que los exparamilitares dijeron, además, que no tuvieron que ver en el atentado.
Los dos excomandantes y el narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, “Rasguño”, presos en EE. UU., recibirán la visita de un equipo investigador de la Unidad de Análisis y Contexto del ente investigador y de miembros de la justicia norteamericana para aclarar datos relacionados con la muerte de Gómez Hurtado.
El único que reconoció parte de responsabilidad fue “Rasguño” quien, en diligencia de versión libre, advirtió que al político lo mataron sicarios del Cartel de Cali para “hacerle un favor” al entonces presidente Ernesto Samper. Sin embargo, ninguna de las investigaciones ha llevado a los altos cargos del Gobierno y la cúpula militar de la época, expresó Gómez Martínez.
¿Por qué señalan a Del Río?
La nueva vinculación del oficial se produjo por el testimonio de Edwin Zambrano, exparamilitar conocido como alias “William”, quien desde el 15 de mayo de 2013 señaló, en una audiencia de Justicia y Paz, que el general, quien entonces ostentaba el rango de coronel y realizaba un curso de altos estudios militares en Bogotá, se reunió con paramilitares de la casa Castaño y otros narcotraficantes para determinar los homicidios de algunos personajes importantes del país, entre ellos el de Gómez Hurtado.
La poca credibilidad de ese testimonio, calificado como falso en diciembre del año pasado, desvirtuó esa línea de investigación y desvinculó al general Del Río del proceso.
El militar (r), según la interpretación del abogado de la familia, no tenía rango para haber tomado una decisión de este calibre; así que si la Fiscalía va a conducir la investigación hacia la línea militar debería investigar a altos mandos militares.
Gómez insistió que la única línea de investigación con suficientes pruebas es la de “Rasguño”, pero “instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría no van a culpar a Ernesto Samper y a su ministro de Gobierno, Horacio Serpa”.
Samper y Serpa han manifestado públicamente que no tuvieron responsabilidad de ninguna clase, y que el de Gómez Hurtado es un “magnicidio organizado por sectores de la derecha para desestabilizar el gobierno de la época”, dijeron en un comunicado.
Una fuente militar de la época le dijo a EL COLOMBIANO, bajo reserva de su identidad, que el Comando de las Fuerzas Militares tenía la convicción de que no se podía la caída del presidente Samper, entonces acusado por el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña.
En cambio, Del Río, dice la fuente, es conocido por su relación con grupos paramilitares, pero no sería el determinador del magnicidio. “Del Río tenía que obedecer a jerarquías más altas dentro del Comando de las Fuerzas”, anotó el militar.
Según la fuente, las investigaciones no han avanzado por dos razones: la primera por la “obsesión de la familia de culpar directamente al expresidente Samper”, y la segunda, porque el alto mando implicado es “un hombre muy sofisticado en sus maniobras y puede generar mucho miedo”.
Acerca de la investigación que la Corte Suprema de Justicia adelanta sobre Serpa, Gómez Martínez dijo que los magistrados están quietos esperando que al ahora senador se le acabe su periodo legislativo y vuelva a manos de la Fiscalía al terminar su fuero.
Torres Martínez afirmó que este es un golpe mediático que da un fiscal que no ha leído el expediente completo, porque “acusar al general Rito Alejo del Río es algo rimbombate que sacude a los medios de comunicación, por lo que distrae la atención sobre lo que en realidad tiene importancia”.
Han pasado 21 años y ocho meses y las autoridades no han aclarado los hechos que llevaron al asesinato del político conservador. La investigación precluye en 2022, pero la familia de Gómez Hurtado asegura que el proceso se está dilatando para que cuando venza el plazo no se haya dado con los verdaderos responsables.
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