En carta dirigida a los jefes negociadores del Gobierno y de las Farc, el Procurador General, Alejandro Ordóñez, les solicitó que haya militares o exmilitares en la Comisión de la Verdad que se dialoga con las Farc.
Ordóñez reiteró la necesidad de que la verdad, en desarrollo del proceso de paz, sea un derecho garantizado a las víctimas y al conjunto de la sociedad colombiana, así como a la comunidad internacional, y por ende solicitó que la determinación del mandato de una Comisión de la Verdad comprenda mínimos que parten de la no instrumentalización de ella para justificar actos de barbarie cometidos por ese grupo guerrillero.
“El mandato de la Comisión de la Verdad, conforme a las experiencias internacionales, consiste en develar los crímenes de guerra, genocidios, crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los Derechos Humanos que no adquieran esa connotación, respecto a sus patrones, modus operandi, alcances y propósitos. La Comisión es un mecanismo de justicia transicional extrajudicial que busca satisfacer los derechos de las víctimas, no puede ser un instrumento de legitimación del terror y del crimen”, señaló en su misiva el jefe del órgano de control.
El Procurador resaltó, igualmente, que la Comisión de la Verdad no puede sustituir la persecución judicial a los máximos responsables de dichos crímenes atroces y que la acción del aparato judicial no puede depender de informes que ésta presente. En concepto del jefe del Ministerio Público, la Comisión de la Verdad debe implementarse a su tiempo, es decir, una vez se concrete un acuerdo de paz.
“Al igual que los demás mecanismos de justicia transicional, judiciales y extrajudiciales, que se adopten en virtud del Marco Jurídico para la Paz, la Comisión de la Verdad se debe implementar una vez se produzca la firma del Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado”, explicó.
“En su trabajo, la Comisión de la Verdad debe tener en cuenta las sentencias judiciales que existen y se produzcan en contra de los miembros de las Farc, agentes estatales e integrantes de las Auc”, agregó Ordóñez, quien insistió en que los integrantes de las Farc deben comprometerse a revelar la verdad como requisito previo para acceder a eventuales fórmulas de justicia transicional.
El jefe del Ministerio Público señaló a Humberto de la Calle y a alias ‘Iván Márquez’ que la verdad del conflicto armado colombiano no puede definirse en una mesa de negociaciones en La Habana.
“El ‘mandato” de la Comisión no debe partir de supuestos de responsabilidad institucional o de la existencia de una política de Estado de violación a los Derechos Humanos o de infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Por el contrario, la dimensión y connotación que tenga la conducta de agentes estatales debe ser objeto del trabajo de la Comisión y no de una conclusión previa impuesta o pactada en la Mesa de Conversaciones”, explicó.
“Finalmente, el informe de la Comisión de la Verdad no es la verdad oficial. En una Democracia no pueden existir verdades oficiales. Será un relato que debe ser discutido, controvertido, complementado o validado por los diferentes sectores de la sociedad, basado en la realidad objetiva que constituye el núcleo del derecho de las víctimas a la verdad. Las anteriores garantías evitan que la verdad de las atrocidades ocurridas en Colombia se pretenda negociar adoptando una narrativa que convenga a las Farc o al Estado. La verdad es la verdad y no un recurso de legitimación política”, concluyó la comunicación del procurador Ordóñez Maldonado.
