Tras 40 días de paro sin avances en las negociaciones, el gobierno nacional endureció su posición y ordenó tomar medidas en contra de los camioneros que bloqueen vías, para evitar un desabastecimiento de alimentos y combustibles en el país.
Las medidas fueron anunciadas en la mañana de este jueves por el presidente Juan Manuel Santos, quien hizo los anuncios públicos rodeado por la cúpula militar, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el Fiscal general encargado Jorge Perdomo, y el vicepresidente Germán Vargas Lleras.
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Las órdenes presidenciales fueron claras: reforzar el pie de fuerza en las carreteras y tomar acciones legales contra los camioneros que bloqueen vías y generen hechos violentos en el país. “No voy a permitir que los precios de los alimentos para los colombianos, el huevo, la carne, el arroz se suban de forma permanente por cuenta de este paro”, dijo Santos.
Y agregó: “el bienestar de los colombianos, el derecho al trabajo digno y el crecimiento económico de todo el país, no pueden ser el precio a pagar para levantar el paro”.
El mandatario de los colombianos destacó que el Gobierno ha permanecido en la mesa de negociaciones, y dijo que, de aceptar las exigencias que hacen hoy los transportadores, subirá en 10 % el precio de los productos de la canasta familiar.
Las medidas ordenadas por el Presidente incluyen:
1. Inmovilizar e incautar los vehículos que se usen para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte.
2. Cancelar la licencia a los conductores que participen en estos bloqueos.
3. Cancelar la licencia de operación a propietarios y empresas e imponer multas hasta por 480 millones de pesos.
4. Cancelar las matriculas de los vehículos que se presten para vías de hecho.
5. Habilitar temporalmente a los vehículos particulares para transportar carga.
6. Establecer un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieren trabajar.
Así mismo, Santos ordenó aumentar hasta 50 mil el número de militares que estarán en las vías del país, para garantizar la libre movilización. “La fuerza pública se ha hecho presente en las carreteras y ha protegido más de 1700 caravanas contra las agresiones ilegales de los violentos”, agregó Santos.
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¿Intereses de privados?
En su intervención televisada, el presidente Santos sugirió que las demandas de los camioneros en la mesa de negociaciones no favorecen a la gran mayoría de transportadores, sino que van en línea con supuestos intereses de “unos pocos”, aunque no señaló nombres puntuales.
“Es inaceptable que para levantar el paro haya que mantener un sistema de chatarrización que se ha convertido en un foco de corrupción y que en lugar de cumplir el objetivo de disminuir la sobreoferta de camiones está produciendo el efecto contrario”, dijo Santos y confirmó que ya la Fiscalía investiga este supuesto cartel.
Según Santos, el programa de chatarrización de camiones se ha convertido en un negocio particular en el que las víctimas son, precisamente, los pequeños conductores. “No se puede tolerar un cartel del transporte, que fija los precios y prohibe la competencia”, sentenció.
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La intervención presidencial finalizó con un nuevo ofrecimiento al diálogo, para buscar “soluciones concertadas, pero realistas” a los reclamos de los transportadores.
Así serán las multas
El superintendente de Puertos y Transportes, Javier Jaramillo, indicó que las empresas poseedoreas, propietarias o tenedoras de vehículos que faciliten la interrupción del transporte de carga serán sancionadas con multas de hasta 700 salarios mínimos, de acuerdo con lo contemplado en las leyes 105 y 336.
“Se podrá también cancelar la licencia de conducción o de operación si se interrumpe el servicio”, agregó Jaramillo, quien precisó que ya hay empresas que están siendo investigadas.
