El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ordenó la devolución, a favor de 14 familias, de 20 predios que suman 490 hectáreas extensión en municipio sucreño de San Onofre, los cuales estaban en poder de la empresa Tekia S.A.S., una filial del Grupo Argos.
Así lo informó Mauricio Martínez Rivillas, director regional de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Bolívar y Sucre. “Con el fallo queda demostrado que el acaparamiento de tierras para implementar proyectos que impactan y cambian de manera significativa el uso del suelo, también es una modalidad de despojo. Este fallo devuelve tierras que tenían una vocación para producir alimentos en la región de Montes de María”, declaro.
Según el fallo judicial, el problema comenzó a gestarse el 3 de enero de 2003, en el corregimiento Palmira de San Onofre. Allí se registró un combate entre el frente Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la guerrilla de las Farc, lo que produjo un desplazamiento masivo de los pobladores.
Ante la imposibilidad de regresar a sus predios, por temor al conflicto armado, 14 familias le vendieron sus tierras - al parecer a un bajo costo - a la empresa Reforestadora del Caribe, hoy llamada Tekia S.A.S, que los adquirió entre 2005 y 2007.
Por su objeto social, la filial de Argos cambió el uso del suelo, que antes estaba destinado al cultivo de alimentos y la ganadería, por un proyecto agroindustrial de explotación maderera del árbol de teca.
En su providencia, el tribunal dictó “la nulidad de los negocios de compraventa celebrados sobre los fundos y ordena su desenglobe”, según un comunicado de la URT.
En su defensa, Tekia S.A.S. había argumentado que el negocio se hizo de buena fe y que desconocía que el conflicto seguía activo en la zona, tras una recomposición de los grupos armados ilegales.
No obstante, “el operador judicial también declaró no acreditada la buena fe exenta de culpa declarada por Tekia S.A.S., en su alegato de oposición a la restitución de los predios. El Tribunal precisó que la reforestadora no puede aducir como argumento para sustentar la buena fe el desconocimiento de las circunstancias del conflicto armado que motivaron la compraventa, dado que los hechos de violencia propiciados por grupos al margen de la ley en los corregimientos de San Onofre eran una situación de público conocimiento”, recalcó la entidad gubernamental.
El Tribunal también ordenó a la empresa que entregara el proyecto agroindustrial de teca, que en últimas quedó en las tierras restituidas, para que la URT lo explote económicamente en beneficio de los programas de reparación de víctimas.
