Antes del próximo 20 de julio, dos semanas previas al cambio de gobierno, el presidente Juan Manuel Santos y el Congreso actual, con mayorías en coalición, escogerán seis de los primeros nueve magistrados que integrarán el nuevo Consejo Electoral Colombiano (CEC), que reemplazará al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Así lo establece el parágrafo transitorio del artículo 17, del proyecto de acto legislativo de la reforma política y electoral, que empezará a estudiar el Congreso a partir de mañana y que impactará, en gran parte, las elecciones del proximo año.
Esto significa que, independiente de lo que ocurra en 2018, Santos tendrá influencia sobre el naciente órgano, que, a parte de que continuará politizado, tendrá un cuerpo técnico de investigación, funciones de policía judicial y facultades para sancionar.
EL COLOMBIANO consultó con el Ministerio del Interior sobre esta iniciativa, y a través de un documento respondieron que esa disposición fortalece la independencia del Consejo Electoral, porque el periodo de los nuevos magistrados no coincidiría con el del ejecutivo y el legislativo.
En la exposición de motivos el Gobierno explica que el CEC no tendrá funciones jurisdiccionales, con excepción de las impugnaciones contra las decisiones de los partidos, donde podrá dirimir con fuerza de cosa juzgada.
No es prenda de garantía
El mecanismo de elección abre el abanico para que el CEC quede afín a la nueva oposición política, si se da el cambio de partido en el poder; o afín al nuevo gobierno, si es elegido en candidato cercano al actual presidente. Condiciones que no estimulan una real autonomía.
Según David Tamayo, docente de Derecho Constitucional de la U. Eafit, esa propuesta es fatal. “Los mismos con las mismas. Mal presagio. Poca imparcialidad. Composición politiquera”.
Agregó que se debería garantizar que los nuevos magistrados del CEC no sean cuotas políticas, ni militantes de partidos políticos y que, además, tengan un severo régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones. El proyecto establece que tendrán las mismas exigencias que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
El origen político del CNE, según varios expertos, es la talanquera para el avance de las investigaciones relacionadas con los aportes de Odebrecht a las campañs presidenciales.
