El Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó este jueves la decisión de declarar desierta la licitación para la elaboración de pasaportes y, en este mismo sentido, declarar el estado de urgencia manifiesta mientras se surte el nuevo proceso de contratación.
“Mientras se surte el nuevo proceso de contratación se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, en atención al artículo 42 de la ley 80 de 1993”, según se pronunció el canciller, Álvaro Leyva, en medio de la audiencia.
Esto, luego de que el abogado de la firma participante interpusiera un recurso de reposición argumentando que “la resolución debe ser revocada por carecer de competencia”.
Sin embargo, el Ministerio resolvió, mediante la resolución 7540 del 14 de septiembre de 2023, negar tal pretensión y a su vez notificar a los estrados el contenido de la decisión, contra la que no procede ningún otro recurso.
Thomas Greg & Sons era la única empresa participando en el proceso, por lo que se advirtió que no existía libre competencia, entre otras cosas porque desde hace 17 años, es quien siempre ha gozado de los beneficios de este contrato.
Luego del hundimiento de la licitación, trascendió que la unión temporal iniciará un proceso judicial en el que reclamará una suma de entre 80.000 y 100.000 millones de pesos al estado.
Toda esa situación se ha generado, por cuenta de las constantes suspensiones, acciones populares y riesgos de desabastecimiento, que han acompañado durante los últimos meses, al proceso de licitación, del que solo se hace apertura cada cuatro años.
El Ministerio de Relaciones Exteriores busca firmar un contrato por $600 mil millones, con la firma que resulte elegida. Proceso que sigue en pausa, luego de que el canciller Álvaro Leyva declarara desierta la licitación, situación por la que declaró un estado de urgencia.
Entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República han puesto la lupa en este proceso pidiendo pluralidad de oferentes, precisamente para que no sea una licitación sastre.
Por lo que “la Cancillería decidió no solo mantener aquellos requisitos que únicamente pueden ser cumplidos por el contratista actual, contra toda evidencia técnica, sino que, a última hora, realizó cambios en las características técnicas de los pasaportes, lo cual confirma la ausencia para establecer requisitos que permitan una amplia participación”, señalaba la comunicación.
Según cifras presentadas por La República, entre 2010 y 2022 se han expedido 13.909.740 pasaportes y libretas de tripulante. Los años 2015 y 2022 fueron los años en los que más se expidieron, con 1.694.961 y 2.286.444, respectivamente.
Este jueves la Cancillería no aceptó los argumentos que Thomas Greg & Sons expresó en una reposición a la declaración de desierta de la licitación de pasaportes.
