La alternativa más fácil del Gobierno, y que tiene a la mano, para lograr que el delito de narcotráfico sea conexo con el delito político, es cuando el Congreso aborde y defina, como ley estatutaria, el Marco Legal para la Paz que ya tiene el aval de la Corte Constitucional. Esto para despejar dudas frente a si unas Farc que han tenido estrechos vínculos con el narcotráfico, podrían o no participar en política ya reinsertadas.
Será el Congreso el que establecerá qué tipo de penas alternativas se le aplicarán a los responsables de crímenes de lesa humanidad y también cuáles serán los delitos conexos al delito político. La misma Corte Constitucional le dio ya vía libre, en la sentencia C-577 de 2014, al Artículo 3 del Marco Legal para la Paz que dice:
“La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 67, así:
Artículo Transitorio 67. Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos” .
Se entiende, que al dejar intacto este artículo, la Corte no excluyó el delito de narcotráfico como conexo al delito político. Y es que el mismo presidente Juan Manuel Santos fue quien echó a rodar este tema en la opinión pública. En una reciente entrevista, dijo que “para que podamos aplicar una justicia de forma efectiva se va a requerir ampliar ese concepto de delito político sobre todo los delitos conexos. Hoy en día está demasiado restringido, y si queremos por lo menos indultar o perdonar, o en cierta forma legalizar, a los miles de combatientes de las Farc, pues vamos a tener que ser un poquito más flexibles en esa aplicación de ese concepto”.
Para el Gobierno, es conexo siempre y cuando se entienda que la guerrilla se valió del narcotráfico para financiar su aparato militar con el que se rebeló contra el Estado. Esa posición la apoya el fiscal Eduardo Montealegre y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. Un juez de la República consultado por este diario, que pidió la reserva de su nombre, explicó que el narcotráfico nunca podrá ser considerado como delito político pero sí conexo, si cultivar, producir y comercializar drogas ilícitas “hayan sido un medio para lograr los ideales que ellos buscaban a través de la rebelión. Y que esto se compruebe”.
Pero el procurador Alejandro Ordóñez, quien se opuso a esta iniciativa, ve el peligro de que se quiera legalizar a los capos de las Farc y que no sean extraditados a E.U. .
