“Vengo a este recinto a ratificar que el Gobierno del presidente Iván Duque libra una lucha contra los símbolos del mal”. Con esa frase, el ministro de Defensa, Diego Molano, comenzó su defensa ante la Cámara de Representantes en el debate de moción de censura en su contra por la muerte de 11 personas en el operativo del Ejército en Putumayo, del 28 de marzo. En una caso que según las comunidades, fue una masacre de civiles y no de hombres armados.
Durante la sesión los legisladores de oposición presentaron pruebas que demostrarían que fueron 13 –y no 11– las personas que fallecieron en la operación, pues dejaron en evidencia que las listas con la cantidad de fallecidos que presentaron Fiscalía y la Defensoría no coinciden.
Los dos nuevos nombres que se conocieron fueron los de Daniel Eduardo Paredes y Lizandro Paredes, quienes habían prestado servicio militar y fueron identificados por la representante Katherine Miranda como habitantes de la zona, y no como personas alzadas en armas, tal como ha catalogado el Gobierno a las víctimas.
El ministro se defendió diciendo que los soldados son responsables de actuar cuando conocen que hay una “amenaza” porque, sino lo hacen, hay omisión estatal; aseguró que las disidencias de las Farc están instrumentalizando a los campesinos, dijo que se radican en zonas donde viven civiles dedicados al agro para ocultarse en los caseríos y que utilizan ropa de civil para no ser identificados.
Molano también sostuvo la versión de que estas personas estaban colaborando con grupos armados, insistió en que se encontraron fusiles en el terreno y volvió a desconocer la versión de que las organizaciones sociales que sentencian que las víctimas eran campesinos y no integrantes de las disidencias de las Farc.
Según la información recabada por el Ministerio, días antes de ese operativo identificaron la presencia de hombres armados en el mismo lugar, que está cercano a las fronteras con Perú y Ecuador.
La representante Juanita Goebertus citó que hubo fallas en la información de inteligencia del Ejército en relación con la identificación de las personas y denunció que las tropas llegaron aplicando la fuerza letal como primera opción.
En el recinto también comparecieron algunos campesinos (ver Paréntesis). “Soy una víctima de la masacre que hubo en la vereda Alto Remanso de Putumayo. Me acusaron como guerrillera, tengo tres meses de embarazo y un proyectil cerca a mi columna que pone en riesgo mi vida y la de mi hijo”, dijo una menor de edad que se presentó ante la Cámara.
Las personas señalaron ser víctimas de maltrato físico y psicológico, confinamiento, hurto y obstrucción a la justicia.
Discordia por Putumayo
El accionar del Ejército en esta zona del país ha sido el centro del debate durante semanas y seguirá en el ojo del huracán por el debate de control político que está citado para este miércoles 27 de abril, a las 11 de la mañana, en el Senado.
En el departamento libra una disputa territorial entre dos bandos de las disidencias de las Farc. Uno de ellos es la Segunda Marquetelia, con grupos denominados como Comandos de Frontera, y el otro es la Primera Fracción que se identifica como Carolina Ramírez.
El Gobierno sostiene que días antes del operativo estas personas cruzaron la frontera hacia Ecuador, se resguardaron en el sector del país vecino y sostuvieron combates con el Ejército de ese país.
El relato de la oficina de Molano también habla de enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias, con un cruce de disparos en pleza zona limítrofe que llegó desde Ecuador.
El Ministerio habla de una serie de incautaciones en la vereda Altos del Remanso, el punto exacto en el que se desarrolló el operativo militar, entre las que se cuentan cinco fusiles de diferentes calibres, una pistola, 743 cartuchos, 19 proveedores y una granada de mano; además de casi 10 millones de pesos en efectivo, cuatro celulares y un radio.
Para el Gobierno, las disidencias de las Farc que actúan en esta zona son las que han perpetrado las masacres y “han asesinado a los líderes sociales, en 23 acciones armadas han desarrollado estos grupos”.
El operativo de la discordia fue presentado por las Fuerzas Armadas como una acción militar contra los disidentes de las Farc, en busca de alias “Bruno”, quien sigue prófugo de la justicia. En el despliegue fallecieron el gobernador indígena, Pablo Panduro Coquinche; Divier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa Ana María Sarrias y un menor de 16 años.
Las dudas suscitadas por este hecho resultaron el sexto proceso de moción de censura contra un ministro de Defensa de la administración de Iván Duque.
Las otras mociones
Diego Molano ya había pasado varias veces por el hemiciclo para rendir cuentas sobre los operativos del Ejército. Él y sus antecesores en la administración de Iván Duque –Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo (QEPD)– fueron citados en otras mociones de censura de las que salieron prácticamente invictos.
El primer proceso de moción de censura contra un ministro de Defensa de Iván Duque fue el de Guillermo Botero. El antes diligente empresarial renunció a la cartera en noviembre de 2019 antes de que el Senado tramitara la segunda moción de censura en su contra.
Esa diligencia se llevó a cabo después de que ocho menores de edad fallecieron en un operativo del Ejército en Caquetá. Ese, trámite, a diferencia del primero que fue en junio de ese año, parecía sumar los apoyos necesarios para destituir a Botero.
Su sucesor, Carlos Holmes Trujillo, enfrentó el mismo procedimiento en octubre de 2020 señalado de incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los lineamientos para la protesta social.
La misma Cámara de Representantes se negó a dar el visto bueno a la moción de censura, pero la presión social en medio del Paro Nacional llevó a que Trujillo pidiera perdón por el accionar de la Fuerza Pública en ciertos casos de desmanes con manifestantes en las principales ciudades del país.
Así como Botero, Trujillo también tuvo un segundo debate de moción de censura. Este fue citado por los hechos ocurridos en las manifestaciones, se llevó a cabo en el Senado y allí el exministro fue respaldado por los congresistas.
Diego Molano ya había enfrentado una moción de censura en mayo de 2021 en el Senado por el accionar de la Fuerza Pública durante las protestas. De ese debate y de uno más sobre el mismo tema que se tramitó en junio de ese año el ministro salió invicto, respaldado por la mayoría de escaños que tienen el partido de gobierno y sus aliados en el Congreso
