Como requisito para realizar la convocatoria al plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos entregó ayer al Congreso una copia del acuerdo final para la terminación del conflicto entre el Gobierno y las Farc.
El mandatario aprovechó para anunciar que a partir del próximo lunes decretará el cese el fuego definitivo con esa guerrilla: “quiero infórmales a los colombianos que como Jefe de Estado y comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las Farc a partir de las 00:00 horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las Farc”.
Aunque las confrontaciones armadas habían llegado a su mínima expresión, y según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, “el desescalamiento del conflicto ha permitido salvar entre 1.500 y 2.000 combatientes”, conocedores de la materia como el analista en seguridad y defensa, general (r) Jairo Delgado, creen que “aunque era una decisión que estaba anunciada desde el pasado 23 de junio y militarmente ya tenía un efecto, se busca también que tenga mayor importancia política. Ya hay una mayor confianza para que las Farc realicen sin inconvenientes el traslado para la décima conferencia y a las zonas veredales de normalización”.
El Congreso iniciará el próximo lunes la discusión de la convocatoria al plebiscito y tendrá 30 días para aprobar o no la convocatoria. El proceso sería así: El Congreso aprueba la solicitud del presidente. Luego de eso el Jefe de Estado expide un decreto fijando la pregunta y la fecha de votación, que posiblemente será el 2 de octubre.
Con este mecanismo de participación ciudadana el Gobierno busca la refrendación popular de los pactado en La Habana. Su aprobación es indispensable para la activación de las facultades para la implementación de los acuerdos, establecidos en el acto legislativo por la paz.
El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano (La U), afirmó que agilizarán el trámite en el Congreso para que haya tiempo de hacer campaña y para que los colombianos conozcan los acuerdos, que ya son de dominio público.
