Fueron convocados para esclarecer hechos de desplazamiento forzado y despojo de tierras en Tulapas, zona rural de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.
En la búsqueda de esclarecer el conflicto armado en Urabá –enmarcado en el caso 04–, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a dar versión voluntaria al exgobernador de Córdoba y terrateniente, Benito Osorio, y al expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Molina Velarde, quienes ya fueron condenados por despojo de tierras y nexos con grupos paramilitares.
A partir de las investigaciones hechas por la justicia ordinaria, la JEP identificó que a través del Fondo Ganadero de Córdoba y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), entre otras, se realizaron “compras masivas de tierras” posteriores al desplazamiento forzado de al menos 130 familias en Tulapas, zona rural de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, entre los años 1997 y 2005.
En los mismos hechos, se habría dado un despojo de tierras “bajo la figura de la lesión enorme, en un concierto para delinquir” en el que el entonces presidente del Fondo, Molina Velarde, así como la junta directiva de ese momento, autorizaron la compra de tierras y “con la finalidad de darle los visos de legalidad necesarios”, delegaron los negocios de compraventa a la representante legal de la Fundación para la Paz de Córdoba (FUNPAZCOR), Sor Teresa Gómez, precisó la JEP.
El tribunal especial convocó con el mismo fin a otros tres exmiembros de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba: Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán y Jaime Augusto García Exbrayat.
Estas personas, “en su condición de terceros civiles y ex miembros del FGC, han sido vinculados progresivamente al macrocaso 04”, señaló la JEP, al detallar que ellos “habían presentado previamente de manera voluntaria su solicitud de comparecencia” ante el tribunal especial.
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La diligencia se realizará de forma virtual los días 25 y 26 de agosto, y además de los comparecientes, contará con la participación de los apoderados judiciales de las víctimas acreditadas y la Procuraduría con Funciones de Intervención Judicial ante la JEP.
