Los nombramientos del presidente Gustavo Petro en cargos diplomáticos son tan polémicos que abrieron un fuego amigo en su bancada y lograron poner de acuerdo a los petristas con la oposición y hasta con los sindicatos de la Cancillería.
El mismo jefe del petrismo en la Cámara, el representante David Racero, le envió una carta al canciller Álvaro Leyva que lleva más de un mes sin ser contestada en la que critica las designaciones y pidiéndole que el 50% de los ascensos correspondan a perfiles de carrera diplomática y no a cuotas políticas.
Ese llamado no es solo de Racero. La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, ha calificado como una “trampa” que en el pasado Petro criticara los favores políticos y ahora aplique la misma fórmula.
Ella le envío un derecho de petición a la oficina de Leyva solicitando el detalle de los casi 70 títulos que se han otorgado, entre los que se cuentan 14 funcionarios de libre nombramiento, es decir, políticos.
Los sindicatos de ese gremio, Unidiplo y Sermex, llevan cinco meses esperando una cita con el canciller para abordar el tema, pues desde su investidura él les prometió que priorizaría la experiencia sobre la política. Sus investiduras se contradicen con ese compromiso.
Los perfiles que preocupan van más allá de los ya sonados casos de Armando Benedetti como embajador en Venezuela (con pendientes en la Corte Suprema de Justicia) o de León Fredy Muñoz en Nicaragua (investigado por transportar cocaína).
El aterrizaje del Moisés Ninco Daza en la Embajada de México (quien no tiene título profesional), del protagonista de los “petrovideos” Sebastián Guanúmen como cónsul en Chile, del alfil de Cambio Radical Temístocles Ortega a la Embajada en Santiago y del conservador Juan Manuel Corzo a la delegación de Paraguay tienen con los pelos de punta al petrismo. Es tal la paradoja que el hijo de Corzo, Juan Felipe, es representante a la Cámara por el Centro Democrático: el partido de la férrea oposición a Petro.
En palabras de la representante de la Alianza Verde, Carolina Giraldo, “los nombramientos no solo son cuestionables porque no son profesionales en la materia, sino que vienen de casas políticas que le han hecho daño al país”.
En sus tiempos de senador de oposición el ahora mandatario criticaba que se le dieran cargos a los investigados. Sin embargo, ahora es él quien los nombra, incluso por encima de quienes se formaron en la carrera diplomática para representar al Estado ante el mundo.
Ese patrón se repitió en los consulados de Sevilla, Bilbao, Miami, Nueva York y Frankfurt en donde son políticos quienes mandan a técnicos en asuntos internacionales. Por eso los del Pacto hacen un llamado a la introspección, en palabras de la representante Luz María Múnera: “Es momento de que el Pacto reflexione los nombramientos que se están haciendo”.
Desde la Alianza Verde, que son partido de Gobierno, aseguran que están esperando que se dé esa compromiso de Petro en sus dos campañas de priorizar a los profesionales. En palabras del vocero de los verdes Duvalier Sánchez, “se prometió un cambio y se creó una expectativa” sobre las designaciones que aún no se ha cumplido. La ley solo exige que al menos el 20% de los nombramientos sean de carrera, el expresidente Iván Duque dejó ese nivel en 30%, pero los congresistas quieren que ese rasero suba más.
Francisco Burchardt Melo, presidente del Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuestiona que más allá de la legalidad de las designaciones se debe dar un debate sobre la legitimidad de a quiénes se le dan los cargos porque “en los consulados estamos viendo que nombran personas con cero experiencia por encima de quienes sí se han preparado para estar en el servicio exterior”.
Los petristas de base le dijeron a este diario que saben bien que ya hay un compromiso con los partidos tradicionales para formar alianzas, pero en medio de la repartija de mermelada ponen una condición: que no se den más cargos a los investigados .
