Debido a que no se encontraron hechos que demostraran un riesgo actual para la vida e integridad personal del exfiscal general Eduardo Montealegre ni de su familia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió, en un fallo inapelable, no aumentar su esquema de seguridad.
Esto luego de que Montealegre buscara, por medidas judiciales, que su sistema de protección fuera reforzado, argumentando que su “grave y permanente “ situación de riesgo “se ha agudizado en el tiempo por la ausencia de un esquema de seguridad que resulte proporcional con el alto riesgo” en el que, según ha señalado, se encuentran él y su familia.
Actualmente, el exfiscal Montealegre –quien encabezó el ente acusador entre el 28 marzo de 2012 y el 28 de marzo de 2016– cuenta con un vehículo y dos personas de protección para el amparo de sus derechos a la seguridad personal, al debido proceso y a la libre movilidad; y por su condición de antiguo jefe de esta entidad encargada de investigar y acusar a presuntos delincuentes del país.
Esta asignación, que según él es insuficiente, le fue asignada luego de que se evaluara su situación actual y se determinara que está en un nivel de riesgo “extraordinario”, aunque no “extremo” como cuando recién abandonó el cargo en la Fiscalía.
Precisamente, el exfiscal pretendía conseguir un esquema similar al que llegó a tener a su disposición luego de abandonar su cargo, el cual alcanzó a estar conformado por nueve personas, un vehículo blindado, uno convencional destinado a su núcleo familiar, uno convencional utilizado para seguir el vehículo blindado en el que se transportaba, armas de dotación tipo CZ 9 milímetros y celulares para cada servidor.
Sin embargo, el Tribunal confirmó el fallo proferido el 10 de marzo de 2022 por el Juzgado 29 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que determinó que una acción de tutela instaurada por Montealegre, en la que reclamó el amparo de sus derechos para reforzar su protección, había sido improcedente debido a que la interpuso cuatro meses después de que le modificaran su esquema de seguridad, sin que hubiese justificación alguna para la demora.
Igualmente, el Tribunal determinó que “el actor no aportó ningún elemento que permita inferir que el nivel de riesgo que supuestamente enfrenta no es el que determinó la entidad, así como tampoco dio a conocer nuevos hechos o circunstancias por las que debería variarse la decisión”.
