El fallo de la Corte IDH que reconoció la responsabilidad del Estado en el exterminio de 6.000 militantes de la Unión Patriótica (UP) motivó a que el excomandante de la extinta guerrilla de las Farc y ahora político, Rodrigo Londoño, pusiera sobre la mesa la posibilidad de que los exfarc sean declarados como víctimas.
El jefe del Partido Comunes –la colectividad nacida tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016– le solicitó a la JEP abrir un macrocaso sobre la presunta responsabilidad del Estado en los crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el marco del conflicto armado.
“Nosotros vamos a considerar la posibilidad de solicitar ser reconocidos como víctimas ante la JEP porque esos crímenes no solo afectaron a los más de 6.000 asesinados y desaparecidos, sino que nos obligó a una guerra por más de 25 años con millones de víctimas que nos hubiéramos ahorrado si el Estado hubiera cumplido esos acuerdos”, sentenció Londoño.
El político, antes conocido con el alias de Timochenko, le envío un mensaje al presidente Gustavo Petro porque “el Gobierno que usted encabeza y su apuesta por la paz total tiene el reto de atender a las víctimas de los crímenes del Estado y echar a tierra las políticas de guerra que tantas víctimas han dejado”.
El senador de Comunes, Ómar Restrepo, se sumó al llamado de Londoño reclamando que la JEP habilite un macrocaso sobre esa “responsabilidad del Estado”. Esa jurisdicción tiene diez macrocasos en estudio y está por abrir de forma oficial uno más sobre violencias de género dentro del conflicto armado.
El fallo que responsabilizó al Estado del exterminio a la UP
La Corte IDH dijo el lunes que “pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica (UP)” que se manifestó a través de “desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros”.
La lectura de ese fallo puso fin a una investigación de 30 años en ese tribunal internacional sobre la persecución a los militantes de ese partido de izquierda al que pertenecen senadoras como Aída Avella y Jahel Quiroga, además de la ministra de Cultura Patricia Ariza.
En el Gobierno del presidente Gustavo Petro, del que hacen parte personas que provienen de la UP y de otros partidos perseguidos como el comunista, todo parece indicar que se acatará la sentencia de la CorteIDH, y el mismo ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró este lunes que tras revisar con detenimiento la sentencia, “el Gobierno nacional en su conjunto acatará absolutamente esta decisión”.
