Los dedos de los militares no salen de la mente de María Arelis Hincapié. Han pasado 31 años y medio y todavía los recuerda: dos dedos que en horizontal señalan las insignias del Ejército Nacional en el brazo de un soldado y un dedo que en vertical se ponía otro sobre la boca en señal de silencio.
Así es como dice con certeza que a su papá, Julio Arturo Hincapié, y a sus compañeros mineros los mató la tropa al mando del capitán Carlos Enrique Martínez Orozco, del Batallón Bárbulas, adscrito a la XIV Brigada del Ejército.
Este 13 de diciembre recibirá los pocos huesos que fueron recuperados de su progenitor y tendrá al fin un certificado que dice que a él lo mataron, lo picaron y lo echaron al río Nare para que nunca pudiera encontrarlo y darle una sepultura, que será cristiana.
Y con esto también vuelve la esperanza de que se haga justicia. El 28 de noviembre pasado la Fiscalía abrió instrucción (posterior a la investigación preliminar) en contra de Martínez y otros 28 hombres, después de recabar material probatorio suficiente para demostrar su presunta participación y responsabilidad en la conocida como la masacre de El Topacio, ocurrida entre el 12 y el 14 de junio de 1988, en San Rafael (Antioquia).
“Esto se logró después de un trabajo muy dispendioso de los equipos de antropología y de genética”, explica una fuente de la Fiscalía. Los pedazos que fueron recuperados en 1988 y exhumados en 2010, por fiscales de Justicia y Paz, estuvieron por varios años en los laboratorios del ente investigador que no podía estudiarlos hasta que estuvieran vinculados a un proceso penal.
En 2013, la Fiscalía de Derechos Humanos inició la investigación preliminar por la desaparición forzada de los mineros y arrancó la identificación.
“El equipo de antropología tardó muchos meses en armar lo que quedaba de los cuerpos, hueso a hueso, buscando coincidencias, y luego fueron enviadas unas 200 muestras a genética para cruzar todos los datos con cada uno de los familiares que habían aportado ADN”, comenta la fuente.
Los genetistas lograron identificar plenamente a once de las víctimas. De uno de ellos solo se encontró una parte del esternón, tan pequeña que se agotó en la muestra, y de los hermanos Giraldo García fue imposible determinar las partes que se encontraron (un húmero incompleto, radio, fémur y tibia) a cuál de los dos pertenecían, si a Guillermo León o a Gustavo Adolfo o si a ambos.
Así las cosas, los familiares recibirán el 13 de diciembre los restos mortales de diez de los desaparecidos de El Topacio, a los demás les harán una entrega simbólica con certificado de defunción para cada uno.
“Hay unos remanentes de huesos que no se pudieron acomodar a ningún cuerpo, porque ya no contenían material genético, se van a entregar de manera colectiva, les diremos: esto es de todos”, explicaron desde la Fiscalía.
Las desapariciones
El Ejército ya había dado muestras de que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para acabar con el frente noveno de las Farc, que operaba en San Rafael, en el oriente antioqueño, hasta donde extendía sus tentáculos el Bloque José María Córdova.
Allí se libraba una batalla en la que era difícil distinguir quién era el enemigo. El informe “Una masacre olvidada” del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) da cuenta de cómo la relación entre las Farc y los integrantes de la UP era difusa, lo que ayudó a la estigmatización de las comunidades mineras que asistían a manifestaciones por presiones de unos y otros. Pero también era vaga la línea que separaba a los políticos tradicionales del Ejército, ambos tenían un enemigo común.
“Un día íbamos para la mina a trabajar, yo ayudaba a miniar a mi papá, cuando nos dijeron que subiéramos a la elevadora, así le decíamos a la parte alta de la mina. Cuando llegamos nos interrogaron sobre el frente noveno, incluso amenazaron con ahogar a un señor si no hablábamos, pero no teníamos nada qué decir. Sacaron una lista larga, iban llamando y subrayando los nombres de quienes estaban en el lugar”, recuerda Arelis, quien para ese momento tenía 14 años.
Al no conseguir nada, uno de los hombres uniformados dijo: “Mientras nosotros entremos como militares —y puso los dedos señalando la insignia en su brazo— ellos no van a decir nada, pero cuando entremos con los paramilitares ahí sí van a contarlo todo”.
Pocos días después, cuando la joven subía hacia la mina con su papá, vio a los soldados escondidos entre la maleza, uno de ellos le hizo la señal de silencio con el dedo en la boca. Calló, no tuvo otro remedio.
En la madrugada del martes 14 de junio de 1988, el perro de la casa empezó a ladrar. Un hombre tocó la puerta llamando a Julio por el nombre. Nadie quería siquiera respirar en la habitación donde dormían todos. Él salió.
“La primera orden que dieron fue apagar las luces”, dice Arelis, y en medio de la oscuridad le contaron que el comandante quería hablar con él y se lo llevaron.
“Aunque ellos no dijeron quiénes eran ni quién era el comandante, muy rápido nos dimos cuenta que era el Ejército, los hombres del capitán Martínez, los mismos que nos habían interrogado en la elevadora, y que habían torturado a unos vecinos”, afirma Arelis.
Durante esos tres días sacaron a 15 mineros, a algunos de la mina Encenillos y a otros de sus propias casas.
La masacre
10 días después los gallinazos hicieron la tarea de alertar a las personas que vivían en El Topacio. Los carroñeros se peleaban por las partes de cuerpos que se encontraban en una playa del río Nare.
“Yo fui hasta el lugar, allá encontramos una carnicería, cabezas, manos, pies, troncos, todo revuelto por el río”, anota Arelis.
La escena evidenciaba que los amarraron, los torturaron, los asesinaron, los desmembraron y los tiraron al río. Esa misma noche abrieron la compuerta de la represa (la justicia no ha podido determinar quién lo hizo), para que el río creciera y se los llevara rápido, por eso de cuatro víctimas no quedó nada para recuperar.
Los investigadores metieron los pedazos de cuerpos de manera indiscriminada en bolsas y las llevaron en un helicóptero al cementerio de San Rafael.
La fuente de la Fiscalía habla del horror que esto significó: “El helicóptero no aterrizó, desde el aire lanzaron las bolsas a la losa del cementerio y de la fuerza de la caída algunas rebotaron al piso, todo en presencia de los familiares que ni siquiera tuvieron un velorio para despedirlos”.
En el cementerio metieron los pedazos en varios ataúdes, sin ninguna identificación ni separación. Todo esto “habla de las irregularidades en el tratamiento de los hechos, pero además del irrespeto y los obstáculos que las autoridades pusieron al ritual funerario de las víctimas”, dice en el informe del CNMH.
Desde entonces a los hechos de El Topacio se les conoció como masacre. Aunque ninguna familia recibió el cuerpo de su ser querido, todos tuvieron la certeza de que los 15 fueron asesinados por los militares en el río.
La justicia
Los 1.500 folios que contiene la investigación penal contra el capitán Martínez no fueron suficientes para que se lograra una condena en su contra.
El 12 de julio de 1988 se abrió la investigación contra el oficial, un mes después quedó vinculado en calidad de sindicado. Para el 17 de septiembre el juez le dio detención preventiva y se confirmó la competencia de la justicia ordinaria, ya que los militares “no actuaron dentro de la órbita de sus funciones, pues no puede ser propio de las funciones de las Fuerzas Armadas hostigar, secuestrar y matar campesinos”.
Meses después le dieron libertad condicional y para el 17 de agosto de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público profirió fallo absolutorio por considerar que había duda razonable acerca de la presencia del capitán Martínez en el lugar de los hechos, dados algunos testimonios pedidos por el acusado: “Es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente”, dijo el juez.
En el informe del CNMH se refuta el papel del procurador en el proceso: “Resulta inexplicable el silencio del agente del Ministerio Público al conocer la decisión del juzgado de absolver a Martínez, después de que le había pedido al juez que condenara al sindicado por encontrar suficiente evidencia. Es decir, que no apeló la sentencia absolutoria”.
El 13 de marzo de ese mismo año la sentencia es ratificada por el Tribunal Superior de Orden Público de Bogotá, aunque advierte inconsistencias en el trabajo del juez cuarto, ya que “no encontró la vía para interrogar siquiera a uno solo de los soldados que conformaban la patrulla al mando del capitán Martínez”.
Ante esto, el Ejército manifestó que los 28 soldados se encontraban descuartelados y se desconocía su paradero.
Pero la “injusticia” para los familiares no se dio solo en la justicia ordinaria, la administrativa también negó sus pretensiones.
El 12 de junio de 1990 algunos familiares interpusieron una acción de reparación directa, mediante apoderado, en contra de la Nación y el Ministerio de Defensa, lo que finalizó en un fallo en segunda instancia en el Consejo de Estado en el que se indica que “los medios probatorios no dan certeza sobre la comisión de los delitos por parte de miembros del Ejército Nacional”.
Para la fuente de la Fiscalía, todo esto le sumó insatisfacciones a las víctimas: “Primero las Farc las utilizan en paros y protestas favoreciendo la estigmatización en su contra; el Ejército les desaparece a sus seres queridos y se los asesina de esa manera miserable; la justicia ordinaria absuelve al culpable; la justicia administrativa tampoco les otorga sus derechos; y años más tarde la Unidad para las Víctimas no les ha respondido a la mayoría de ellos por no tener un certificado de defunción. Han sido víctimas de todos”.
10
de las 15 víctimas de la masacre de El Topacio serán entregadas a sus familias.
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