La investidura de Gustavo Malo Fernández como magistrado de la Corte Suprema de Justicia estará en juego desde hoy por la Cámara de Representantes, donde estudiarán las conclusiones de la Comisión de Acusaciones frente a la actuación del togado en el escándalo de corrupción del cartel de la toga.
La plenaria de la corporación decidirá si hay méritos para acusarlo ante el Senado por cinco delitos: concierto para delinquir, cohecho, prevaricato por omisión, prevaricato por acción y utilización de asunto sometido a reserva.
De llegar al Senado, lo pone a una decisión de ser el segundo magistrado en la historia en ser suspendido de su dignidad por el Congreso. El primero fue Jorge Pretelt en 2016 (ver Proceso).
Fuentes cercanas ala investigación que se lleva contra el Malo aseguraron a EL COLOMBIANO que las posibilidades de que este salga indemne del capitolio es de “99 contra 1”, debido a la fortaleza de las pruebas encontradas.
El caso lo llevaron los representantes Edward Rodríguez, del Centro Democrático y Fabio Arroyave, del Partido Liberal, que asistirán al trámite en calidad de fiscales.
En diálogo con Rodríguez, aseguró que “en menos de cinco meses descubrimos que en la Corte Suprema de Justicia existía una organización criminal entre privados y funcionarios que torpedeaban procesos, evitaban órdenes de captura, todo a cambio de altas sumas de dinero”.
Con el proceso de Malo, son ya tres los magistrados involucrados en la red de pago por favores judiciales en la Corte, cuyas investigaciones se han movido. Francisco Ricaurte se encuentra en la cárcel desde el 25 de septiembre y Camilo Tarquino rindió indagatoria el pasado jueves.
Ambos exmagistrados de la Corte Suprema están siendo investigados por la Fiscalía por su responsabilidad en el cartel y esta es una diferencia clave frente al caso de Malo.
La explicación es que el ente judicial acoge estos procesos porque no se trata de su labor como magistrados, sino como abogados, por lo que le corresponde llevar el proceso a la justicia ordinaria. Como togados, es responsabilidad de la Comisión de Acusaciones, porque se trata de funcionarios con fuero constitucional.
Aparte de Malo, este apéndice de la Cámara solo tiene otra investigación contra Leonidas Bustos, de quien se dice era el que ostentaba mayor poder en el tribunal.
