De las investigaciones que hizo el Ministerio de Educación en 2015 se desprendieron cinco sanciones contra instituciones de educación superior y el cierre de la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia (Unicjao). En 2016, según el Ministerio, serán indagadas otras 19 universidades que presentaron fallas administrativas en 2015 (ver infografía).
La Universidad de San Buenaventura es una de las instituciones sancionadas. Deberá pagar 20 salarios mínimos por no informarle al Ministerio el incremento en el costo de los servicios que está ofreciendo. A la Corporación Universitaria del Huila se le impuso una multa de 80 salarios mínimos por ofrecer un programa de ingeniería industrial sin contar con autorización legal. La Universidad Cooperativa de Colombia fue amonestada públicamente por “deficiencias de calidad”.
También están cerca de ser sancionadas las universidades Incca de Colombia, la Corporación Universitaria Ideas y la Universidad Popular del Cesar. Uno de los mayores problemas de la Universidad Incca es la situación económica: “La Universidad atraviesa una grave situación económica. No tiene capacidad de pago de sus deudas a corto plazo ni tiene capacidad para atender su operación normal de funcionamiento. Esto ha ocasionado que los docentes, ante la falta de pago, no continúen con sus actividades académicas. También se han presentado irregularidades en los procesos contractuales”, dice el Ministerio.
Por otro lado, la Corporación Universitaria Ideas no reportó información financiera a la Dian. Además, según el Ministerio, “se encontraron pagos por parte de la Corporación con personas que no tienen ninguna vinculación con ésta y se destinaron recursos de la Corporación para fines distintos a aquellos que le corresponden como institución de educación superior”. La institución también graduó estudiantes sin que éstos cumplieran con requisitos financieros y académicos.
En el caso de la Universidad Popular del Cesar, el Ministerio suspendió al rector, Carlos Emiliano Oñate Gómez por incumplir normas del estatuto general de la institución. Las directivas de la universidad deberán explicar por qué se dejaron de ejecutar 3.846 millones de pesos que provenían de la “Estampilla Pro Universidad”. Solamente ejecutaron el 5 por ciento de los recursos.
Mejorar la calidad
El fin de estas investigaciones, según la ministra Gina Parody, es “incrementar la calidad en la prestación del servicio educativo. La educación es un servicio y no un negocio”. Antes de 2014, el Ministerio no tenía la potestad de sancionar o suspender los servicios de una universidad. Hace un año se aprobó la ley 1740, que le permite al Mineducación asumir este tipo de casos.
No obstante, el problema de la educación superior tiene unas raíces más profundas. Según Óscar Sánchez, secretario de Educación de Bogotá, “Colombia tiene un problema muy serio que lleva unos 30 años. Este país se urbanizó, la educación básica se universalizó y la educación media se amplió. Sin embargo, las oportunidades en educación superior crecieron muy poco porque para acceder a las universidades privadas de calidad hay que pagar un precio muy alto”.
A los jóvenes de los sectores menos favorecidos les tocó decidir entre una universidad pública o una privada de baja calidad: “Las universidades públicas se estancaron; la Nacional, la de Antioquia...Mantuvieron los mismos cupos que tenían hace 30 años. La inmensa demanda de estudiantes la absorbió la educación privada de garaje”.
El caso de Unicjao
La Universidad Indígena e Intercultural de Colombia funciona en Montería. Ofrece carreras como Derecho, medicina, psicología y trabajo social. A la institución están vinculados 732 estudiantes. En noviembre pasado, el Ministerio de Educación les impuso una multa por 193 millones de pesos por seguir prestando servicios educativos cuando el Ministerio había ordenado el cierre. Al rector de la Universidad, Elías José Villalba, le impusieron una multa por 51 millones de pesos.
Carmen Helena García, secretaria General de la Universidad, le dijo a EL COLOMBIANO que “el Ministerio de Educación no ha dicho la verdad. Nosotros pagamos 32 millones de pesos por la Personería Jurídica, desde 2013 hemos venido adelantando los trámites para formalizarnos. Nosotros operamos bajo una legislación especial indígena”. Un semestre en esta Universidad cuesta entre 600 mil y 800 mil pesos. Estudian jóvenes “campesinos, indígenas, afrodescendientes ”, agrega García.
A la Universidad, según García, la avala el resguardo Zenú del Alto de San Jorge. “En el Consejo Superior Universitario hay un cacique que representa a los Embera y a los Zenú”. Frente a este argumento, la viceministra de Educación, Natalia Ariza, señala que si bien las comunidades indígenas pueden crear instituciones de educación superior, deben cumplir con unas normas que Unicjao no ha revisado: “Ellos no cumplen con las características de universidad indígena. El programa de medicina, por ejemplo, no es de medicina indígena y ancestral, es como los demás. No se ven programas dictados en lenguas indígenas ni una participación clara de un cabildo”.
