Aunque en la crianza de los colombianos hizo carrera la correa o la chancla como método exitoso de castigo, ahora los sicólogos aseguran en que estas prácticas generan efectos negativos en la vida.
Por eso, desde principios de año, diversas organizaciones sociales se unieron para promover un proyecto de ley que buscará eliminar el maltrato físico como forma de castigo contra la población infantil. La iniciativa tuvo éxito y fue presentada el pasado miércoles en el Congreso.
“Los niños que recibieron formas de castigo físico o humillante como palmadas, encierros, agarrones o cachetadas, tienen más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, artritis y obesidad”, dice la Alianza por la niñez, que promovió la iniciativa.
¿Qué busca?
Luz Alcira Granada, directora de Incidencia Política de Save The Children, explica que este proyecto busca regular el comportamiento de las personas, en especial de los padres y madres de familia.
“Ante los actuales altos niveles de violencia contra los niños y niñas en el marco del hogar, debemos crear acciones afirmativas como esta ley”, manifestó Granada, resaltando que prohibir explícitamente los castigos y plasmarlo en una ley que evidencie que ni una palmada es justificable en contra de un niño o una niña, “es el primer paso para dejar de justificar la violencia en su contra”, explica Granada.
Al respecto, Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi –que vela por la protección de los niños–, indica que “radicar este proyecto de ley significa que casi después de 30 años de haber firmado la convención por fin estamos cumpliéndole a los niños y a las niñas cuando finalmente prohibimos para ellos lo que hace muchísimo tiempo prohibimos para los adultos, golpes y humillaciones. Si no permitimos una palmada y criamos con amor, muchísimo menos vamos a llegar a la violencia intrafamiliar y el abuso”.
Por ejemplo, entre enero y junio pasado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), abrió 9.569 procesos para restablecer los derechos de los niños en el país, lo que representó una reducción de 3.668 casos, comparando los datos con el mismo lapso de 2017.
Aunque hay una reducción, la directora del ICBF, Juliana Pungilippi, manifestó que el país está ante una “normalización” de la violencia contra la población infantil, por lo que todas las organizaciones civiles y gubernamentales “debemos revisar normas sociales”.
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