El hacinamiento del sistema penitenciario se desbordó y su cauce ya hizo lo mismo con la Policía y la Fiscalía, las otras entidades con facultades para detener personas, con el agravante que estas no tienen ni la competencia de ley ni la capacidad para mantenerlas por largos periodos de tiempo.
La situación llegó a tal punto, que la Fiscalía le comunicó al Inpec, que de no tomar cartas en el asunto, será “imposible” que puedan continuar capturando en Cauca, La Guajira, Huila, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Meta, Atlántico y Magdalena.
Corresponsabilidades
Según expone la misiva, firmada por el fiscal Néstor H. Martínez y dirigida al director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez, “la permanencia prolongada de reclusos en estos centros de paso ha generado una grave situación de inseguridad y salubridad, que pone en riesgo la integridad tanto de los internos como de los servidores de la entidad”.
Manifestó el ente acusador que el sobrecupo en las Unidades de Reacción Inmediata, URI, superó el 100%. En total hay 1.023 personas privadas de la libertad habitan en las Salas de Paso de la Fiscalía, cuya capacidad es de 663 personas.
En ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, la situación ha sido denunciada por entes de control como Procuraduría, Defensoría y Personería.
En casos extremos como el de la capital del país, por una tutela entablada por la Defensoría, la Corte Constitucional emitió una sentencia en 2016, en la que le ordenó a la Alcaldía y al Inpec que acondicionen un cupo para aliviar la situación.
Un problema de no acabar
Sin embargo, la situación va más allá de un binomio entre víctima y culpable. Actualmente, las cárceles están en un estado de crisis sostenida, que generó que esta misma Corte declarara el estado de cosas inconstitucional en 2013 y 2015, por la vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en Colombia. El 25 de octubre este alto tribunal hará una nueva audiencia pública para revisar los avances en la situación denunciada.
Justicia no ayuda
Al analizar las cifras generales de hacinamiento que entrega el Inpec (ver gráfico), se encuentra que el 31,4 % de los reclusos tienen estatus de sindicada, es decir que no han sido encontrados culpables.
Allí aparece un factor de peso. Sumado a la congestión judicial, el último informe de la Comisión de Seguimiento a la sentencia de la Corte, publicado en agosto, se informó que existen dificultades de acceso a la justicia, “que incluyen la falta de una defensa penal efectiva en la fase de judicialización, o la aplicación adecuada de beneficios penales como la prisión domiciliaria y la libertad condicional”.
Según remarca esta Comisión, se encontró que persiste la violación masiva y generalizada de los derechos de las personas privadas de la libertad, sumado a que el criterio del Estado para reformular la política criminal ha sido “incoherente”, pues mientras que el Congreso tramita aumentos de penas o restringen la prisión domiciliaria, a la vez, se adelantan proyectos que reducen penas o que amplían las medidas alternativas.
Este orden de prioridades es llamado “contradictorio”.
Por si fuera poco, con la llegada de Iván Duque a la presidencia, llegaron propuestas polémicas como la prisión perpetua a violadores o la cárcel para corruptos, que generarían una carga incalculable para un sistema reventado. Esto no se ha abordado.
Por su parte, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, se refirió a la polémica: “Estamos tomando medidas paliativas, que es mover internos mientras podemos hacer un plan maestro de construcción de nuevos cupos”. Agregó que “estamos haciendo acuerdos con alcaldes y gobernadores a ver si nos pueden ayudar a construir cárceles para sacar a los sindicados. Estamos consiguiendo la plata”.
Aún así, fue enfática en que están en planes la construcción de nuevas cárceles en los próximos meses y que, de cualquier forma, “no es una tema inmediato, sino a mediano y largo plazo”.
Respuesta
Hasta el momento, el Inpec no ha emitido una respuesta al fiscal y no existe un anunció para ella. Sin embargo, quienes sí mostraron su molestia fue el sindicato de la entidad.
Recalcó Óscar Robayo, dirigente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios que el verdadero responsable de que el sistema penitenciario se haya reventado es el Gobierno, que no implementa una política criminal de prevención del delito; el Congreso, que aumenta las conductas punitivas sin tener en cuenta el impacto que tendría en cárceles y juzgados; y finalmente la propia Fiscalía, por su falta de acción en la cantidad de sindicados y solicitar siempre enviar a la cárcel .
1,1
billónes de pesos es el presupuesto propuesto del Inpec para 2019.
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