Las elecciones regionales del 25 de octubre pueden ser recordadas como las más severas en materia de control electoral. Por trashumancia se anularon 1.605.109 inscripciones de cédulas, mientras que en 2011 fueron anuladas 464.554. Este año también fueron revocadas 1.063 candidaturas: 691 aspirantes a concejos municipales, 224 candidatos a Juntas Administradoras Locales (JAL), 20 aspirantes a asambleas departamentales, 20 a alcaldías y dos a gobernaciones.
Lo que para algunos fue un ejemplo de eficiencia y control por parte de las autoridades electorales, para otros fue un caso de “improvisación” y “violación masiva del derecho al voto”. EL COLOMBIANO conoció un informe de gestión elaborado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que revela los datos de las últimas elecciones y los errores que se cometieron, según algunos magistrados, al interior de la entidad.
El informe, firmado por el magistrado Armando Novoa, dice que hubo “una violación masiva del derecho al voto”. Este año, admite Novoa, “se anularon inscripciones de personas que residían en el respectivo municipio, se anularon inscripciones de candidatos del respectivo municipio y ciudadanos que injustamente fueron declarados trashumantes tuvieron que votar en municipios diferentes al de su residencia”.
Esta situación se presentó, según el informe, porque no hubo suficiente planeación. Los ciudadanos pudieron inscribir sus cédulas hasta agosto, dos meses antes de elecciones. “El lapso para resolver la trashumancia es apremiante, solo 60 días”, dijo Novoa en el informe. En ese período tuvieron que verificar si la persona que estaba inscrita en el puesto de votación sí residía en ese municipio. Posteriormente tenían que expedir una resolución anulando la inscripción de cédulas. “Se expidieron más de 800 resoluciones en un lapso muy breve de tiempo”, señala el informe.
A los ciudadanos que les anularon la cédula les notificaron vía mensaje de texto una semana antes. Se calcula que se presentaron más de 92.000 recursos de reposición contra el CNE. Concluye el informe que “no existe claridad de cuántas inscripciones fueron anuladas ni de cuántas fueron devueltas a los puestos de votación en que habían sido inscritas”.
El último balance del CNE sobre la trashumancia indica que los cinco municipios en donde se anularon más inscripciones fueron: Distracción (La Guajira); La Estrella (Antioquia); Atrato (Chocó), Busbanzá (Boyacá) y La Apartada (Córdoba).
Candidaturas
En las elecciones pasadas se inscribieron 113.000 candidatos, dice el informe. Hasta el 25 de octubre se habían presentado 2.060 solicitudes de revocatoria, de las cuales el CNE avaló 1.063.
El tiempo para analizar las solicitudes no fue suficiente. Como el cierre de la inscripción de candidatos debe ocurrir tres meses antes de la elección, el CNE solo contó con un mes para decidir. Novoa agrega otro punto que sin duda generará polémica: “el origen partidista del CNE limita la posibilidad de revocar candidaturas de las agrupaciones que postularon los magistrados de este organismo”. Según el magistrado, en la plenaria del CNE se propuso incluir otras causales de revocatoria para los candidatos y estas no fueron aceptadas. Por esta razón, según Novoa, se mantuvieron candidaturas como la de Jacobo Quessep, candidato a la alcaldía de Sincelejo por el Partido Liberal y Oneida Pinto, candidata a la Gobernación de La Guajira por el Cambio Radical.
“Es urgente una reforma”
Para Felipe García, magistrado del CNE y exvicepresidente de esa corporación, el balance fue positivo. “Hubo un aumento en la votación y eso demuestra un mayor interés del electorado y una mayor confianza en las autoridades electorales. Por otro lado, el país por primera vez supo lo que realmente era la trashumancia, fue un tema que se puso sobre la mesa y hubo un trabajo frontal para combatirla”.
García admite, sin embargo, que hubo inconvenientes a la hora de confrontar la información de las bases de datos del Estado para verificar si el ciudadano sí vivía en el lugar donde inscribió su cédula.
“Hubo retraso en la entrega de la información de las bases de datos, eso generó algunos inconvenientes para verificar algunos casos de trashumancia. Lo que hemos propuesto es hacer un censo cero, como el que se hizo por última vez en 1989. La idea sería que en los próximos años los ciudadanos vuelvan a inscribir la cédula en los puestos de votación. En la Cámara cursa un proyecto de ley donde está incluida la propuesta”.
Para que no se vuelva a repetir lo que sucedió en las elecciones pasadas, García considera que es necesario hacer una reforma estructural en el sistema electoral: “Estamos en mora de una reforma al sistema y a la legislación electoral. El Código Electoral es de 1986 y necesita unas reformas importantes que vayan de la mano con otras reformas al proceso de escrutinio”.
El coordinador jurídico de la Misión de Observación Electoral (MOE), Camilo Mancera, reconoce el esfuerzo del CNE por combatir la trashumancia: “Si bien fue un gran esfuerzo para luchar contra la trashumancia, creemos que la legislación tiene muchos vacíos que facilitan el desarrollo de esa actividad. Se deben evaluar reformas para determinar la residencia de las personas de una manera más sencilla. Esta reforma es vital para combatir la trashumancia de manera más efectiva. Por el lado de las candidaturas, el trabajo del CNE fue positivo. Sin embargo, lo que quedó en duda fue la responsabilidad de los partidos políticos, que otorgaron avales sin hacer un seguimiento juicioso de los candidatos”.
1.063
candidaturas fueron revocadas por el CNE en las elecciones regionales.
