Colombia

La tarea de respetar los derechos de los migrantes

Revisamos la normativa para acercar la institucionalidad a esta población, principalmente, venezolana. Hay avances, pero expertos dicen que falta.

Colombia ha sido un país de paso de migrantes africanos y venezolanos. Los connacionales también han emigrado a otras partes del mundo. FOTO Edwin Bustamante

Juliana Gil Gutiérrez

18 de diciembre de 2020

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Hoy se celebra el Día Internacional del Migrante, una fecha para recodar que el 1 % de la población mundial es desplazada, según Acnur. Los venezolanos son una de esas poblaciones que han tenido que dejar su país y, por eso, son considerados como protagonistas del segundo fenómeno de movilidad humana más grande del mundo, cuyo principal país de destino es Colombia.

Las estadísticas son altas: 79,5 millones de personas se han desplazado por la fuerza, entre refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y venezolanos en el extranjero. De estos últimos, 1.717.352 personas están en el territorio nacional, de acuerdo con Migración Colombia.

Antes la nación había recibido migrantes provenientes de África que cruzaban por el Urabá en balsas, pero estos estaban en tránsito. Y, lejos de ser un país receptor de extranjeros, se había consolidado como un territorio del que partían connacionales rumbo a otras partes del mundo, como EE.UU. y España.

La situación de Venezuela cambió todo. El crecimiento de ese fenómeno de movilidad humana fue evidente en los últimos cinco años, pues para 2014 solo 23.573 venezolanos vivían en el país. Esa realidad obligó a las autoridades a adaptar su institucionalidad a nuevas demandas, con el reto de facilitar el acceso a derechos a esta población.

La tarea está en marcha. Uno de los logros más destacados fue el reconocimiento de la nacionalidad para los hijos de venezolanos que nacen en el país, lo que enfrenta el problema de la apatridia.

“Esa decisión marca diferencia respecto a cómo están gestionando la migración los otros países y abre una ventana para que las familias también se regularicen. Hay casos en los que grupos familiares consiguen que se reconozca su estatus migratorio a partir de ese reconocimiento, interponiendo tutelas”, asegura la investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, María Clara Robayo.

Al menos 420 mil niños venezolanos están en el país. Para ellos se facilitó el acceso a la educación así su estatus sea irregular, gracias a la creación de un código de identificación NES en el sistema. Una circular del MinEducación exigió garantizarles cupos escolares y, de ser necesario, acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE) con gratuidad.

A ampliar los derechos

Poco más de 363 mil niños y adolescentes de la nación vecina están matriculados en Colombia, según la cartera de Educación. Esta población puede asistir a las aulas así no tenga apostilladas sus calificaciones del país de origen, también graduarse y recibir su debido diploma. No obstante, “hay colegios que les niegan la inscripción a las pruebas Icfes o el acta de grado”, cuestiona la abogada para temas de flujos migratorios mixtos, Yina Martínez.

Garantizarles un certificado de grado no es el único pendiente. Desde 2017 la Superintendencia Financiera emitió una circular que les permite crear cuentas bancarias y contratar productos o servicios usando el Permiso Especial de Permanencia (PEP) como documento de identificación.

“La directriz es vinculante para todas las entidades financieras, pero el reglamento interno de estas dice que son autónomas y que pueden reservarse la decisión de si admitir o no a un usuario, por lo que hay registros de bancos que en ocasiones les niegan el derecho de tener una cuenta”, afirma la abogada.

“Colombia se ha destacado con su mano amiga a la migración y ahora llegó el momento de avanzar en la regularización. Cuando una persona está en la formalidad puede avanzar a canales de empleo”, asegura la investigadora Robayo. La principal herramienta que ha usado el gobierno para este fin es el PEP, pero este debe renovarse cada dos años.

Por eso, el gerente de Fronteras Lucas Gómez indicó a EL COLOMBIANO que ese documento “trajo una respuesta en un momento coyuntural que debe ser revisado. Tenemos que pensar en una política de regularización moderna que se adapte a la población venezolana con vocación de permanencia y a los que vendrán al país. Los incentivos para la regularización deben ser una política de Estado”.

Gómez se muestra convencido de los beneficios de la migración para el país, pues asegura que esta población es clave en la reactivación económica porque se trata de mano de obra joven y calificada dispuesta a trabajar en sectores en los que los connacionales están dejando de participar, como la agricultura.