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es el puesto de Colombia entre 138 países en desvío
de fondos públicos: FEM.
Aparte de los grandes escándalos de corrupción que golpean actualmente al país, como Odebrecht y Reficar, existe todo un dossier de corrupción regional y municipal que ocultan tanto o más dinero público, enredado en actuaciones cuestionables, contratos otorgados irregularmente y desfalcos millonarios.
Revisando el mapa de denuncias que tiene la Fiscalía General de la Nación y las mediciones de la organización Transparencia por Colombia, queda un preocupante panorama de desfalcos y actuaciones cuestionables en tres rubros especialmente dirigidos a población vulnerable: salud, educación e infraestructura.
Para ponerlo sobre denuncias reales, merece especial mención los variados hallazgos de desfalcos en programas como PAE (Programa de Alimentación Escolar), dirigido a menores de edad de escasos recursos, que aparecen reseñados en distintos municipios y departamentos.
Lo mismo pasa con contrataciones que nunca se cumplen en megacolegios, hospitales y compras de medicamentos y equipos para poblaciones necesitadas que no existen.
¿Por qué se han ensañado con estos sectores? Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia lo resume fácil: “ahí es donde está la plata y no hay vigilancia efectiva”.
En el año que lleva funcionando el plan Bolsillos de Cristal de este ente investigador, que ha dado prioridad a las denuncias en esta escala local, se cuentan identificados 130 focos de corrupción en todo el país y ha recibido 809 denuncias en siete jornadas realizadas en distintas ciudades.
Aparte de los casos ya nombrados, el ente acusador tiene abiertos frentes de investigación sobre otros campos, en los cuales habrían ocurrido millonarias pérdidas de dinero como las regalías, la infraestructura, la corrupción judicial (pequeños carteles de la toga), saneamiento público y Plan de Ordenamiento Territorial, POT.
Sin embargo, vale aclarar que como estas cifras abarcan solo lo denunciado, el conteo real de la corrupción en Colombia puede tener un subregistro mucho mayor.
La certeza sobre lo que está pasando ya tiene un diagnostico, pero faltan resultados, pues en la Fiscalía, solo el 15 % de los casos de corrupción están en juicio, otro 15 % se encuentra en investigación y el 69 % restante pasa por indagación, acorde a los datos de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Por otro lado, desde que se iniciaron las campañas contra la corrupción, ha habido un aumento del 33 % en el número de procesos radicados.
Un problema particular
Un informe del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (Cepec) de la Universidad del Rosario encontró que el 58 % de las licitaciones públicas a nivel nacional cuentan con un solo proponente y que esta cifra sube al 65,1 % en el nivel territorial.
Saúl Pineda, director del Cepec, explicó que el tema se ha metido tanto en la cultura de los procesos públicos, que se ha vuelto normal que alguien pida dinero para agilizar algún trámite.
“Esa permisividad, esa cultura de la tolerancia que se ha metido en el país es la que claramente ha hecho difícil doblar la corrupción”, consideró.
Comparando documentos en las distintas regiones, existen formas casi calcadas como la corrupción saca dinero público en todo el país por medio de contratación irregular y desfalcos, lo que más se encuentra en los datos del ente acusador.
Volviendo a retomar el caso de los PAE, están en investigación dos denuncias en Sucre, una en Chocó, Santander, Meta y dos en el Valle del Cauca. En común tienen contrataciones a dedo con proveedores sospechosos y un nivel de cumplimiento mínimo o no registrado.
En Quibdó y Santander incluso se registran posibles entregas de alimentos en mal estado.
Esto pasa, a juicio de Pablo Sanabria, máster en Políticas Públicas London School Of Economics and Political Science, por la debilidad de los entes de control locales y lo difícil que es tener acceso a los procesos de contratación, que sobre el papel son públicos.
“Colombia tiene que revisar cómo contrata servidores públicos. Hay muchas oportunidades de que ocurra la corrupción en la contratación, más si la gente encargada de vigilar, es puesta a dedo y entra y sale de las entidades sin continuidad”, consideró.
Explicó que al ser las entidades fortines en que los cargos son moneda de cambio, los funcionarios se limitan a cumplir un rol de cuota “y por supuesto no se van a interponer a la corrupción”.
Desfalcos en obras
En los casos que cursan en la Fiscalía, existe una relación entre la contratación de obras viales y estructurales con los dineros que se pierden del erario municipal o departamental.
Al parecer, en Colombia estamos en una permanente temporada de elefantes blancos.
Ejemplos abundan con similaridades. Desde la rehabilitación del Coliseo Miguel Happy Lora, de Montería, que se contrató en diciembre de 2011 y recién se entregó en 2017 (cinco años de atraso) con millonarios sobrecostos y varias diferencias entre lo planteado originalmente, hasta la construcción de la Universidad de Floridablanca, en Santander, por la que se entregaron 8.000 millones de pesos, se contrató inicialmente hace más de 10 años y hoy solo existe el esqueleto del edificio.
Los casos se repiten en distintos departamentos y todos tienen demoras en la ejecución, una contratación a la medida o de un solo proponente y millonarios sobrecostos producto de una vigilancia local sin dientes.
Panorama poco alentador
Según el último informe del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2016/2017, la corrupción ocupa el segundo puesto en la escala de factores problemáticos a la hora de hacer negocios, con un 16,2%, incluso por encima de factores que han sido usuales en discusiones políticas, como la seguridad y el conflicto (5,3%).
A esto se suma otro factor desesperanzador. A pesar de la creación de nuevos mecanismos del nivel central como la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la iniciativa Colombia Compra Eficiente e incluso el mismo plan Bolsillos de Cristal, en los últimos 10 años las cifras de corrupción del país han empeorado.
Según una encuesta de la firma Ernst & Young, que cita el reporte del Foro Económico Mundial, un 80% de la población colombiana considera que los sobornos son un acompañante inseparable de los negocios.
Para Sanabria, se podría dar la vuelta a la situación con una mayor participación civil y ajustando herramientas que ya están y han sido invisibles a los gobiernos de turno.
“Hay que fortalecer las comisiones civiles, en lo nacional y lo regional. La educación ciudadana y el apoyo estatal a programas de veeduría es muy importante”, aseguró el experto.
Un elemento que está siendo poco utilizado, acorde a Sanabria, es la Comisión Nacional de Servicio Civil, un organismo que no está conectado a ninguna rama y tiene la tarea de la vigilancia de la carrera de los servidores públicos del país.
“Hay que revisar sus competencias y fortalecerlas porque necesitamos un aparato para atender los concursos”, aseguró.
Las recomendaciones finales del experto pasan por la necesidad de quitar los cargos de provisionalidad en la administración pública y volver obligatoria la declaración de bienes para todo funcionario.
Se trata finalmente de no usar esta problemática como excusa para crear más burocracia, que termina engrosando la cantidad de monedas de cambio para la política y usar bien lo que ya existe.
¿Qué hacer?
Para Pineda, existen dos acciones concretas que se pueden emprender: un sistema de alertas tempranas y desligar la política de la contratación.
Para ello, sostiene que no hay necesidad de inventar nada: “Hay que poner a operar los indicadores de mecanismos como el Observatorio Anticorrupción y sus alertas tempranas. Es una estrategia que puede servir porque las estadísticas del Observatorio miden todo: desde cuáles son las entidades con más riesgos hasta los contratos con más riesgos”.
El reto más importante vendría siendo que haya la voluntad de hacerlo, lo cual, a juicio del experto, lleva al gran obstáculo de la lucha contra la corrupción: la política.
“Es desde el ejercicio mismo de la política donde se genera el acto de corrupción. Cuando hay que pagar para un puesto de poder, y ese pago incluye un cobro lógico, por el que hay que dar puestos y otras dádivas. Ahí se genera un espacio fértil para la corrupción y pasa desde las alcaldías a la presidencia”, sostuvo.
Para Pineda esta solución quedará a medias si no se le pone el ojo al complemento del fenómeno político, que es el comportamiento ético del sector privado.
Por eso, volver universal y fácilmente accesible la contratación pública, pondría una lupa que eventualmente evitaría los pliegos hechos a medida y el famoso dedómetro.
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condenas contra servidores judiciales corruptos se han dado en el último año: FGN.
