La Contraloría General de la República concluyó siete actuaciones especiales de fiscalización donde evaluó la gestión de los Planes Departamentales de Agua (PDA) de igual número de departamentos, encontrando 88 hallazgos administrativos, de los cuales 32 son de carácter fiscal por $7.441 millones, 80 con incidencia disciplinaria y 2 de carácter penal.
En Antioquia, la Contraloría General de la República constituyó 21 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen presunta connotación disciplinaria, uno es de posible carácter fiscal por valor de $123.086.852, uno más presenta otra incidencia para trasladar al Archivo General de la Nación y otro pasó para indagación preliminar por valor de $417.531.772.
En el informe entregado por la Contraloría detallan que fueron auditados los Planes Departamentales de Agua (PDA) de Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tolima y Vichada, en lo correspondiente a las vigencias 2019 y 2020, y en el caso de Vaupés estas mismas y además la de 2018.
La evaluación incluyó todas las fuentes de recursos que financian los PDA y las actuaciones de las entidades competentes en su gestión, tanto del orden nacional como territorial. Las auditorías fueron adelantadas durante el primer semestre de 2021 por la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, con apoyo de las respectivas Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR.
Con estos hallazgos, adicionalmente, se lograron dos Beneficios de Auditoría por valor de $1.418.138.375,25, y se determinó la necesidad de abrir cuatro indagaciones preliminares en cuantía estimada de $553.835.428.
El departamento que mayor número de hallazgos administrativos registró fue Antioquia con 21, seguido de Vaupés (18) y Vichada (15).
En cuanto a hallazgos con presunta incidencia fiscal, se observa que Vaupés fue el que presentó el mayor número con esta connotación, con 15, seguido de Tolima con 7.
Sobre San Andrés la entidad resaltó que solo un hallazgo alcanzó la máxima cuantía ($2.712 millones) de todos los encontrados en estas actuaciones de fiscalización. Se trata de recursos cancelados por concepto de obras recibidas mediante actas parciales para la construcción del alcantarillado sanitario en los sectores de Cabañas, Barrio Sarie Bay y Barrio Modelo, que no están ejecutadas en su totalidad y, por lo tanto, no están funcionando.
Los casos de Antioquia
En el informe la Contraloría sostiene que se observan deficiencias en la viabilización, monitoreo, seguimiento y control de los proyectos.
También hay debilidades en la etapa de planeación contractual, originando suspensión de los contratos e incumplimiento de los cronogramas de ejecución de obra, entre otras causas, por falta de permisos de ocupación de vías, servidumbres, reubicación de estructuras hidráulicas y rediseños de los proyectos.
La Contraloría evidenció deficiencias en la planeación y viabilización de las obras contratadas, lo cual originó la suspensión de los contratos.
Se encontraron 27 contratos suspendidos, cuyo valor alcanza los $33.356.017.143.
Las principales carencias observadas en materia de planeación están relacionadas con imprevisiones como falta de estudios de suelos o deficiente calidad de los mismos y el no trámite de permisos ambientales, entre otras.
Las debilidades observadas en la planeación, además de llevar al incumplimiento de los cronogramas y postergar la entrega de las obras al servicio de la comunidad, en algunos casos ha implicado adiciones presupuestales para los contratos de obra y también adiciones en tiempo y en dinero a los respectivos contratos de interventoría.
En el caso del contrato de obra 335-2019 del municipio de Amagá se realizó una adición por $117.491.872, y el respectivo contrato de interventoría se agregó en $58.025.691, lo que evidencia deficiencias en la estimación de los presupuestos generando incertidumbres frente a proyecciones de costos, actividades y obras para el desarrollo de los proyectos.
Así mismo, se observaron deficiencias en la interventoría y en la supervisión que permitieron la realización de pagos no concordantes con los avances de obra y falta de soportes sobre el manejo de los anticipos efectuados.
Como resultado la Contraloría General de la República constituyó 21 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen presunta connotación disciplinaria. Uno de esos es de posible carácter fiscal por valor de $123.086.852, también registró uno con otra incidencia para trasladar al Archivo General de la Nación y otro más para indagación preliminar por valor de $417.531.772.
Obras sin concluir
La Contraloría informó además que muchas obras contratadas no se han concluido y encontraron en todos los departamentos serias deficiencias en la gestión fiscal y conceptuó que la misma fue ineficaz, ineficiente y, en algunos casos, no resulta conforme, debido a que buena cantidad de las obras contratadas no se han concluido, luego de pasar varios años desde el vencimiento del plazo inicial pactado, y muchas aún no se encuentran en funcionamiento.
“Las debilidades, técnicas, administrativas y operativas observadas han impedido la culminación y puesta en funcionamiento de las obras contratadas, para ponerlas oportunamente al servicio de la comunidad, con los consecuentes impactos en su salud, dado que se trata de infraestructuras para la provisión de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, las cuales resultan esenciales para asegurar unas condiciones de vida dignas a la población”, dice la Contraloría.
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