Migración Colombia detalló que está priorizando los Permisos por Protección Temporal (PPT) para los niños venezolanos, buscando garantizar el acceso a derechos de esta población.
El Gobierno Nacional comenzó desde el 13 de octubre la entrega de ese documento, que está enmarcado en el Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos y los esfuerzos, dice la entidad, se están centrado en terminar primero la regularización de los menores de edad.
De los más de 1,8 millones de venezolanos que han arribado al país, según el censo de Migración Colombia, hay alrededor de 400.000 niños, de los que 100.000 son menores de los siete años.
El objetivo de la autoridad migratoria es entregar primero esos documentos a los niños y niñas que ya están anotados en su plataforma y finalizaron su proceso de inscripción, a través del usuario creado por sus padres o acudientes.
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Funciona así: los responsables de los menores de edad fueron los encargados de anotar a sus protegidos y el proceso de inscripción para el Estatuto de Protección Temporal termina cuando los beneficiarios reciben un correo con un código virtual que les permite reclamar su identificación, en físico.
Así las cosas, en los correos electrónicos que están siendo enviados por la entidad se están priorizando a los usuarios que ya finalizaron todo su proceso de inscripción (con toma de datos biométricos) y que vinculan en su cuenta a un niño o niña.
Solo en el último día hábil de octubre, Migración Colombia envió 10.000 correos electrónicos para menores de edad y se están procesando 105.000 documentos que serán otorgados a sus portadores en una primera entrega.
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Más de 1,4 millones de personas están en el Registro Único de Migrantes Venezolanos creado por la entidad, de los que 1,1 millones ya agendaron su cita y 543.427 personas empezaron el proceso para obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT) con la toma de datos biométricos (huella y foto digital).
La Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario llamó la atención sobre que el retraso en la reapertura de la frontera entre el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira afecta los canales de reunificación familiar previstos en el Estatuto y pone en riesgo a la población en condición de movilidad humana, que sigue cruzando de un país a otro por trochas.
