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Un día después de las polémicas declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, advirtiendo que de no aceptar la propuesta del presidente Gustavo Petro de subterranizar la primera línea del metro de Bogotá muchos proyectos se podrían desfinanciar, la alcaldesa Claudia López rechazó tajantemente lo que se ha considerado una “amenaza” contra la capital.
“Gracias a todos por querer y defender a Bogotá. Salimos adelante cuando en vez de saboteo y amenazas construimos sobre lo construido, mejorando sin dañar, cambiando sin destruir. Somos el corazón ciudadano, económico y solidario de Colombia”, escribió López en su cuenta de Twitter.
Y agregó: “¡Bogotá Región se respeta!”.
La mandataria también advirtió, sin mencionar al Gobierno, que “los contratos son ley para las partes” y que el firmado para el arranque de la construcción de la primera línea del metro de la capital “es fruto de un proceso que cumplió todos los requisitos, una licitación pública transparente y va en 18% de ejecución”.
El jueves, el ministro Reyes aseguró que si el gobierno capitalino no aceptaba modificar las obras del metro de un viaducto aéreo a un tramo subterráneo por la avenida Caracas, varios proyectos como el Regiotram o los cables aéreos, serán desfinanciados y por ende se suspenderá su ejecución.
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“Es muy claro, si no aceptan, como se ha venido diciendo, las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos proyectos se van a tener que parar”, dijo el ministro.
Tras el encuentro de la semana pasada entre Claudia López y el presidente Gustavo Petro, el consorcio Chino que tiene a cargo la construcción del metro de Bogotá le expuso cinco propuestas de ejecución del proyecto en la que se pasa de un tramo elevado a uno subterráneo y todas ellas implicarían un costo adicional de entre 8 y 17 billones de pesos. Además, se retrasaría su entrada en operación, pues ya no iniciaría en 2028 sino en 2035.
López aseguró que el distrito no podría financiar los costos adicionales, y la ley contempla que la cofinanciación del Gobierno nacional no puede ser de más del 70 %.
El presidente Petro se mantuvo en su posición y por eso solicitó dos conceptos jurídicos con los cuales se podría modificar el objeto del contrato. Uno de ellos le dio la razón esta semana y por ello el Gobierno insiste en la subterranización.
Este viernes, el presidente Petro se pronunció sobre la polémica y aseguró que solo quiere “lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades”. También anunció que acelerará un viaje que tiene programado a China “para buscar opciones con el gobierno de ese país en relación al metro” de la capital.