Hernán Cadavid, del Centro Democrático, solicitó a la CIDH incluir la designación de Manuel Casanova en el examen de ese organismo sobre Colombia.
El nombramiento del exguerrillero del M-19, Manuel Casanova, como cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia llevó a que la bancada de oposición elevara una alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La vocería del llamado de atención la tomó el representante a la Cámara por Antioquía, Hernán Cadavid, quien solicitó a ese organismo incluir la designación de Casanova en el repertorio de temas que revisa en su examen a Colombia.
La misiva fue enviada directamente al comisionado relator para el país, Joel Hernández, con el apunte de que el nombramiento del exM-19 constituye “un hecho grave para la seguridad nacional” y una “vulneración de garantías a los miembros de la oposición democrática en Colombia”.
El uribismo busca que la designación de Manuel Casanova se incluya en el sistema de monitoreo de la situación de los Derechos Humanos porque –a su juicio– en 2014 ya fueron blanco de un “montaje” cuando actuaban como partido de oposición.
La carta del Centro Democrático a la CIDH no deja de ser un hecho particular porque en el pasado ese partido acusó al organismo de intervernir en cuestiones internas.
Cuando Petro posesionó a Casanova en como director de la Dirección Nacional de Inteligencia señaló que “la inteligencia de Estado es para resguardar la soberanía, resguardarlo de los peligros que puedan tener los derechos, las libertades de la ciudadanía. Y hoy su principal objetivo, y quiero decirlo públicamente, el objetivo de la inteligencia, de la comunidad de Inteligencia del Estado, es la de perseguir la corrupción”.
Este es el texto completo de la comunicación enviada desde el Congreso a la CIDH:
“Con gran preocupación observamos como el nuevo Gobierno Nacional de Colombia ha tomado la decisión de nombrar como Director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) al señor Manuel Casanova, quien fuera integrante del grupo armado ilegal M19 y quien en sus años de militancia desarrolló actividades de espionaje urbano.
Sin duda alguna esa decisión del Gobierno constituye un hecho grave para la seguridad nacional y una vulneración de garantías a los miembros de la oposición democrática en Colombia.
No se puede soslayar que en el año 2014, desde esa misma oficina de Inteligencia, se fraguó un montaje contra la oposición que también estaba en cabeza del Centro Democrático.
Por tal razón, en mi calidad de Congresista de la República de Colombia, solicito la inclusión de este grave hecho dentro del sistema de monitoreo de la situación de los derechos humanos en Colombia, acción derivada del artículo 106 de la Carta de la Organización, de conformidad con el cual la función principal de la Comisión es ‘promover la observancia y la defensa de los derechos humanos’”.
