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Colombia | PUBLICADO EL 15 diciembre 2021
Tras informe de la ONU, Cancillería dice que condena violaciones a los Derechos Humanos
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Vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. FOTO: Cortesía Cancillería
EL COLOMBIANO
La Cancillería respondió al informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), titulado “El Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”, en el que se atribuyen 28 muertes ocurridas en el marco de las protestas a las fuerzas del Estado.
La oficina de relaciones exteriores, que es coordinada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, respondió que el Gobierno Nacional ”condena de manera vehemente cualquier violación de derechos humanos que se haya presentado en casos individuales”, y aseguró que su administración respalda la protesta pacífica.
“Duelen cada una de estas víctimas y sus familias merecen justicia y reparación. A su vez y coherente con su posición de respeto y garantía de los derechos humanos, el Estado está llamado a desplegar todas las acciones necesarias para proteger a su población, por lo que rechaza todo acto violento que desnaturaliza el ejercicio pacífico de la protesta y que pone en riesgo la vida, integridad y libertad de nuestros ciudadanos, así como la estabilidad económica e institucional de nuestro país”, escribió la Cancillería en un comunicado.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló a la Policía como la responsable de, al menos, 28 de las 46 muertes ocurridas en medio del Paro Nacional que se registró entre 28 de abril y el 31 de julio en Colombia, como protesta contra el proyecto de reforma tributaria que había presentado la administración de Iván Duque.
En ese documento se lee que “existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la Policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional”.
Sobre este asunto, la Cancillería consideró que “la política de cero tolerancia a casos de abuso de la fuerza pública no es retórica, se traduce en medidas efectivas de prevención de esos casos, de sanción a los responsables y de reparación a las víctimas”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también señaló las acciones que, a su juicio, ha emprendido el Ejecutivo para garantizar el derecho a la protesta pacífica y continuar el proceso de transformación de la Policía Nacional para potencializar “su rol fundamental como cuerpo civil al servicio de la protección y seguridad de los ciudadanos”.
Finalmente, la Cancillería recordó que están en curso dos proyectos que pretenden elevar el nivel de profesionalización de los agentes, así como fortalecer el régimen disciplinario.
