La Cancillería respondió al informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), titulado “El Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”, en el que se atribuyen 28 muertes ocurridas en el marco de las protestas a las fuerzas del Estado.
La oficina de relaciones exteriores, que es coordinada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, respondió que el Gobierno Nacional ”condena de manera vehemente cualquier violación de derechos humanos que se haya presentado en casos individuales”, y aseguró que su administración respalda la protesta pacífica.
“Duelen cada una de estas víctimas y sus familias merecen justicia y reparación. A su vez y coherente con su posición de respeto y garantía de los derechos humanos, el Estado está llamado a desplegar todas las acciones necesarias para proteger a su población, por lo que rechaza todo acto violento que desnaturaliza el ejercicio pacífico de la protesta y que pone en riesgo la vida, integridad y libertad de nuestros ciudadanos, así como la estabilidad económica e institucional de nuestro país”, escribió la Cancillería en un comunicado.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló a la Policía como la responsable de, al menos, 28 de las 46 muertes ocurridas en medio del Paro Nacional que se registró entre 28 de abril y el 31 de julio en Colombia, como protesta contra el proyecto de reforma tributaria que había presentado la administración de Iván Duque.
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