La recién bautizada “Ley de desmantelamiento” está lista: tras seis meses de discusiones y polémicas por los beneficios que recibirán los narcos, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó un documento de 24 páginas que incluyen penas de cárcel de hasta 8 años, libertades para capos que hoy están pagando penas y la posibilidad de quedarse con el 6% de los bienes y riquezas que entreguen durante su desmovilización o sometimiento.
Pese a que en las últimas semanas filtraron apartados a la prensa, el proyecto completo que será radicado ante el Congreso se conoció este miércoles en una rueda de prensa de última hora en la que Osuna detalló los puntos claves.
El ministro enfatizó en que “no habrá impunidad” y en que todos los miembros de las bandas narcoparamilitares pagarán sí o sí, cárcel de entre 6 y 8 años dependiendo la gravedad de sus penas. Además, todos los que se sometan a esa Ley también deberán pagar 4 años de pena restaurativa que incluirían trabajos y actividades sociales para reparar a las víctimas con una libertad controlada”.
Si se aprueba como está, el proyecto también cobijará a excombatientes de esos grupos armados que actualmente están pagando una pena.
Tal como lo explicó Osuna, quienes ya están condenados y forman parte de uno de esos grupos pueden entrar a gozar de los beneficios si la Fiscalía garantiza su voluntad de paz y su colaboración con la justicia. “Pero no es una libertad automática ni inmediata, si no que tendrá que pasar por lo menos un año mientras la banda se somete y se demuestra la verdadera voluntad”, enfatizó MinJusticia.
Lo que sí está claro desde ya es que habrá un trato radicalmente distinto para los grupos armados que tienen estatus político y los que no. En ese primer grupo solo entrarán las guerrillas del ELN y de las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor Central.
Los otros grupos armados como el Clan del Golfo y bandas como Pachelly serán sometidos a la justicia sin posibilidades de ingresar a la justicia transicional. “No hay justicia transicional, no hay JEP ahí, esto es justicia ordinaria”, aseveró Osuna.
Entre tanto, el proyecto pasó de conocerse como “Ley de sometimiento” a “Ley de desmantelamiento”, un cambió de forma que algunos críticos han entendido como una confirmación de que no habrá una rendición total sino una negociación mezclada con acogimiento.
A revisión de Consejo experto
Con la presentación del proyecto este miércoles se confirmó que el presidente Gustavo Petro ya dio su visto bueno y le dio el último empujón que necesitaba para cumplir con un requisito final previo al Congreso: la revisión del Consejo de Política Criminal, un órgano asesor de la Presidencia que debe revisar con lupa todas las normas que modifiquen el código penal.
Pese a que la Casa de Nariño tiene prisa con esa y otras reformas del Ministerio de Justicia, lo más probable es que el Consejo se tome varios días, y hasta semanas, para evaluar el proyecto que salió de las entrañas del jefe de esa cartera, Néstor Osuna.
De hecho, el documento tiene un camino difícil porque los integrantes de ese consejo son algunos de los que más han criticado las leyes que sustentan la paz total del presidente Gustavo Petro.
Según la Ley, dicho órgano colegiado está compuesto por el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa; la procuradora general de la nación, Margarita Cabello (o sus delegados) y por seis congresistas y varios académicos y expertos más.
Entre esos puntos de la discordia está una propuesta del Ejecutivo que busca que no haya extradición para los narcos que colaboren y se sometan. Un punto que no fue añadido en este proyecto de Ley y que, de todos modos, tendría que contar con el beneplácito de Estados Unidos, con quien Colombia tiene en firme un tratado de extradición.
En una entrevista con EL COLOMBIANO publicada este lunes, Osuna dijo que está convencido de que la Casa Blanca puede ceder en ese punto o negociar con el Gobierno Petro algo que le convenga a los dos: “con el Gobierno de los Estados Unidos hemos convenido que si llega un momento en el que se tome la decisión de ofrecerles a algunas personas la no extradición, lo conservaremos, lo hablaremos y veremos si nos ponemos de acuerdo. Si no es así, pues veremos cómo resolvemos el desacuerdo de modo civilizado”, dijo el ministro.
Por ahora, el proyecto deberá pasar su primer examen ante Petro y el Consejo de Política Criminal. Si pasa en limpio, llegará su prueba de fuego de la que sí depende que lo aprueben o no: el Congreso.
Allí, el Gobierno tendrá que conquistar a las mayorías en Senado y Cámara de Representantes para que voten a favor de un proyecto que ha sido duramente criticado durante todo su proceso de formulación.
Por eso último, la Casa de Nariño no ha descartado emitir un mensaje de urgencia que permita tramitar el proyecto de Ley en las sesiones extras que terminan en marzo ¿Alcanzarán los tiempos?, eso dependerá de la luz verde del Consejo y de la habilidad de la bancada de Gobierno para apalancarla en el Congreso
La recién bautizada “Ley de desmantelamiento” está lista: tras seis meses de discusiones y polémicas por los beneficios que recibirán los narcos, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó un documento de 24 páginas que incluyen penas de cárcel de hasta 8 años, libertades para capos que hoy están pagando penas y la posibilidad de quedarse con el 6% de los bienes y riquezas que entreguen durante su desmovilización o sometimiento.
Pese a que en las últimas semanas filtraron apartados a la prensa, el proyecto completo que será radicado ante el Congreso se conoció este miércoles en una rueda de prensa de última hora en la que Osuna detalló los puntos claves.
El ministro enfatizó en que “no habrá impunidad” y en que todos los miembros de las bandas narcoparamilitares pagarán sí o sí, cárcel de entre 6 y 8 años dependiendo la gravedad de sus penas. Además, todos los que se sometan a esa Ley también deberán pagar 4 años de pena restaurativa que incluirían trabajos y actividades sociales para reparar a las víctimas con una libertad controlada”.
Si se aprueba como está, el proyecto también cobijará a excombatientes de esos grupos armados que actualmente están pagando una pena.
Tal como lo explicó Osuna, quienes ya están condenados y forman parte de uno de esos grupos pueden entrar a gozar de los beneficios si la Fiscalía garantiza su voluntad de paz y su colaboración con la justicia. “Pero no es una libertad automática ni inmediata, si no que tendrá que pasar por lo menos un año mientras la banda se somete y se demuestra la verdadera voluntad”, enfatizó MinJusticia.
Lo que sí está claro desde ya es que habrá un trato radicalmente distinto para los grupos armados que tienen estatus político y los que no. En ese primer grupo solo entrarán las guerrillas del ELN y de las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor Central.
Los otros grupos armados como el Clan del Golfo y bandas como Pachelly serán sometidos a la justicia sin posibilidades de ingresar a la justicia transicional. “No hay justicia transicional, no hay JEP ahí, esto es justicia ordinaria”, aseveró Osuna.
Entre tanto, el proyecto pasó de conocerse como “Ley de sometimiento” a “Ley de desmantelamiento”, un cambió de forma que algunos críticos han entendido como una confirmación de que no habrá una rendición total sino una negociación mezclada con acogimiento.
A revisión de Consejo experto
Con la presentación del proyecto este miércoles se confirmó que el presidente Gustavo Petro ya dio su visto bueno y le dio el último empujón que necesitaba para cumplir con un requisito final previo al Congreso: la revisión del Consejo de Política Criminal, un órgano asesor de la Presidencia que debe revisar con lupa todas las normas que modifiquen el código penal.
Pese a que la Casa de Nariño tiene prisa con esa y otras reformas del Ministerio de Justicia, lo más probable es que el Consejo se tome varios días, y hasta semanas, para evaluar el proyecto que salió de las entrañas del jefe de esa cartera, Néstor Osuna.
De hecho, el documento tiene un camino difícil porque los integrantes de ese consejo son algunos de los que más han criticado las leyes que sustentan la paz total del presidente Gustavo Petro.
Según la Ley, dicho órgano colegiado está compuesto por el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa; la procuradora general de la nación, Margarita Cabello (o sus delegados) y por seis congresistas y varios académicos y expertos más.
Entre esos puntos de la discordia está una propuesta del Ejecutivo que busca que no haya extradición para los narcos que colaboren y se sometan. Un punto que no fue añadido en este proyecto de Ley y que, de todos modos, tendría que contar con el beneplácito de Estados Unidos, con quien Colombia tiene en firme un tratado de extradición.
En una entrevista con EL COLOMBIANO publicada este lunes, Osuna dijo que está convencido de que la Casa Blanca puede ceder en ese punto o negociar con el Gobierno Petro algo que le convenga a los dos: “con el Gobierno de los Estados Unidos hemos convenido que si llega un momento en el que se tome la decisión de ofrecerles a algunas personas la no extradición, lo conservaremos, lo hablaremos y veremos si nos ponemos de acuerdo. Si no es así, pues veremos cómo resolvemos el desacuerdo de modo civilizado”, dijo el ministro.
Por ahora, el proyecto deberá pasar su primer examen ante Petro y el Consejo de Política Criminal. Si pasa en limpio, llegará su prueba de fuego de la que sí depende que lo aprueben o no: el Congreso.
Allí, el Gobierno tendrá que conquistar a las mayorías en Senado y Cámara de Representantes para que voten a favor de un proyecto que ha sido duramente criticado durante todo su proceso de formulación.
Por eso último, la Casa de Nariño no ha descartado emitir un mensaje de urgencia que permita tramitar el proyecto de Ley en las sesiones extras que terminan en marzo ¿Alcanzarán los tiempos?, eso dependerá de la luz verde del Consejo y de la habilidad de la bancada de Gobierno para apalancarla en el Congreso
