Ser personero en Colombia es una profesión peligrosa, sobre todo en los municipios alejados o con presencia de grupos armados.
Esa es la preocupación de Sandra Cárdenas, presidenta de la Federación Nacional de Personeros, Fenalper, al destacar que registran 130 amenazados en el último año, equivalente al 12 % de los 1.102 personeros que hay en Colombia.
Cárdenas asegura que debido a la mutación del conflicto armado, luego de las dos firmas del acuerdo de paz, en septiembre y noviembre del año pasado, los casos pasaron de 50 en 2016 a 130 este año. “Hay grupos al margen de la ley que recuperaron sectores como Catatumbo, Chocó y otras zonas donde estuvo la guerrilla”.
Según Fenalper, las amenazas van desde intimidaciones hasta disparos en viviendas. A esta preocupación se suma la amenaza que recibió el personero de El Peñol, Antioquia, Mefi Boset Rave, quien denunció que fue increpado durante una actuación disciplinaria. La presidenta manifestó que desde Antioquia recibieron otra denuncia, relacionada con el ingreso de una persona a la vivienda de un personero y lo amenazaron de muerte. “No puedo dar más detalles por motivos de seguridad”, afirmó.
Seguridad crítica
La presidenta cuestionó la lentiud para acceder a la Unidad Nacional de Protección, UNP. “La Unidad no cuenta con recursos, porque hay muchos otros funcionarios amenazados en Colombia”, indicó.
Por el contrario, Diego Mora, director de la UNP, respondió que la ruta de atención para los personeros es igual que para todos y que la decisión no tiene que ver con el presupuesto. “Se hace el estudio de riesgo y se determina si requiere protección, pero debe haber una amenaza y una evaluación”, indicó Mora, quien resaltó que a nadie le ha negado protección por razones económicas. “Quienes no tienen medidas es porque no se han considerado necesarias”.
Según Fenalper, las amenazas provienen de su trabajo en la defensa de las víctimas del conflicto armado, la protección de los derechos humanos y los procesos disciplinarios, por lo que llama la atención de las autoridades para evitar que se registren trabas a la hora de acceder a las herramientas para proteger su vida.
Otro agravante tiene que ver con que los municipios de quinta y sexta categoría, que son los que menos recursos perciben, el funcionario no está en capacidad de asumir los costos de su protección.
