Si se diera el triunfo del ‘Sí’ en la votación por el plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos se vería obligado a tramitar una serie reformas que están contempladas en el acuerdo de paz. Algunas son de corto plazo, como la creación de la Comisión de Implementación; otras pueden tardar más tiempo, como la formulación de planes de desarrollo rural con enfoque territorial.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Antonio Lizarazo, asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, explicó que el Gobierno está atento al escrutinio por parte del Consejo Nacional Electoral, (CNE) “el cual debe darse a nivel departamental y municipal. Esto se puede tomar hasta una semana en el peor de los casos”.
Solo hasta entonces, cuenta, el Gobierno debe activar el procedimiento legislativo especial. “A partir de ese momento, si gana el Sí, el Gobierno queda con la competencia para legislar e implementar lo acordado. Además, se activa un mecanismo bilateral de verificación”. Durante los próximos 180 días, el presidente tendría que presentar los proyectos relacionados con el acuerdo de paz en el Congreso, periodo que se ha denominado “fast-track”.
Nuevas leyes
Todas las leyes que tramite el Gobierno deberán ser autorizadas por la Corte Constitucional, la cual determinó que todas las “las leyes expedidas como implementación posterior para dotar de eficacia el mandato político deben ajustarse al contenido de la Constitución, so pena de ser declaradas inexequibles”.
En teoría, durante este periodo debe funcionar la Comisión de Implementación, compuesta por seis personas (tres representantes de las Farc y tres del Gobierno). Esta comisión se encargaría de resolver diferencias o imprevistos “que puedan surgir en la interpretación de los acuerdos”, como dice el acuerdo final de la paz.
En esos mismos 180 días, los 5.765 guerrilleros que registraron las Farc deberán trasladarse a las 22 zonas de ubicación que acordó el Gobierno con el grupo subversivo. Las delegaciones de la ONU también verificarán estas zonas.
Facultades extraordinarias
Con el Acto Legislativo aprobado por el Congreso, el presidente Juan Manuel Santos tendría las facultades extraordinarias para decretar medidas legislativas orientadas al proceso de paz. Durante este periodo, el primer mandatario tendría el poder de manejar la agenda del Congreso y establecer la primacía de las normas que se deben aprobar. Si lo desea, Santos puede convocar a sesiones extraordinarias.
Paralelo a este proceso, el Gobierno tendría la obligación de implementar la Comisión de la Verdad y el Tribunal de Paz, que tendrá como obligación “investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado”.
Recientemente, el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, llamó la atención sobre la operación de este tribunal, pues se pueden reabrir casos de guerrilleros condenados, lo que contradeciría el principio de cosa juzgada. Además, como anotó Rojas, se reduce en un billón de pesos el presupuesto de la justicia ordinaria.
Para Luis Fernando Álvarez, decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), la conformación del Tribunal de Paz sería uno de los retos más complicados que deberá enfrentar el Gobierno en los próximos meses: “Es complicado porque va a revivir muchos procesos. Muchos agentes sociales, políticos y empresariales buscarán meterse en este tribunal para solucionar temas del pasado. Para que sea un tribunal para la paz deberá estar conformado por personas idóneas. Su estructura también deberá ser sólida”.
¿Qué pasa si gana el No?
El primero en pronunciarse sobre el eventual escenario en el que gane el ‘No’ fue el presidente Juan Manuel Santos, quien ha sido enfático en señalar a esta posibilidad como el “regreso a la guerra”. Durante el Foro Económico Mundial en Medellín, Santos dijo lo siguiente: “se ha querido decir que si el plebiscito se niega vamos a poder negociar un acuerdo mejor. No, no se equivoquen. Si el plebiscito no se aprueba volvemos a la guerra, así de sencillo, no es que vamos a volver a la mesa de negociación, volvemos a la guerra.”.
Como argumento, Santos se remitió a pasadas negociaciones fallidas. Después de que los expresidentes Belisario Betancour, César Gaviria y Andrés Pastrana fracasaran en su intento por sacar adelante los diálogos de paz, la guerra se recrudeció. “Eso es algo que a todo el mundo no le debe tomar por sorpresa porque es lo que ha pasado”, dijo Santos.
Jurídicamente, la Corte Constitucional ha señalado que en caso de que gane el ‘No’, el presidente Santos no podrá implementar los acuerdos de paz alcanzado por las Farc. Sin embargo, la Corte no cerró la puerta para que el presidente reformule los acuerdos con la cúpula de las Farc.
De hecho, algunos analistas han calificado las declaraciones de Santos como “amenazantes”, teniendo en cuenta que la misma guerrilla ha sostenido que no volverá a la guerra así gane el ‘No’. Así lo sostuvo Carlos Antonio Lozada, uno de los negociadores de las Farc, en julio pasado: “Si gana el no, no significa que eso tenga que dar al traste con el proceso. No pueden llevarnos a tomar esa decisión de seguir con una guerra tan dolorosa”.
¿Rumbo impredecible?
Al ser consultado sobre esta polémica, Antonio Lizarazo, quien conoció de cerca la posición de los negociadores de las Farc, dice que el escenario es impredecible: “En caso de que gane el ‘No’ no se sabe qué va a pasar, porque en la mesa de negociación nunca contemplamos que ganara el ‘No’”. El facilitador de los diálogos entre las Farc y el Gobierno, Henry Acosta, dijo que no hay duda de que “las Farc vuelven para el monte. No hay posibilidades de renegociación”.
Según Jaime Castro, exministro de Justicia y exalcalde de Bogotá, la interpretación más precisa debe limitarse a lo que estableció la Corte Constitucional en su sentencia C-379. En el documento, los magistrados señalaron que el presidente puede poner “a consideración del pueblo una nueva decisión, con unas condiciones diferentes a las que inicialmente se pactaron, fruto de una renegociación del Acuerdo”.
El Centro Democrático ha argumentado que el acuerdo de paz podría mejorarse, evitando la “impunidad” actual. El senador y expresidente Álvaro Uribe, ha sido enfático en que su partido “no se opone a la paz. Lo que decimos, es que los acuerdos le entregan el país a las Farc, no construyen paz sino más violencia y nos van llevando por el camino de la Venezuela chavista” .
Esta afirmación fue respaldada por el senador Iván Duque, también del Centro Democrático: “Nadie está diciendo que vamos a renunciar a la negociación. Una victoria del No tendría una vocería política representan en el Congreso por un partido como el Centro Democrático”.
Retos y críticas
En caso de que gane el ‘Sí’, el Gobierno tendría retos a mediano y corto plazo. Así lo explica Francisco Barbosa, docente de la Universidad Externado: “El primer reto en la agenda es la discusión de la ley de amnistía e indulto en el Congreso. Hay algunos temas que tienen que ser aclarados, por ejemplo, si delitos que no tienen nada que ver con la rebelión como la celebración indebida de contratos se van a tener en cuenta en esos procesos de amnistía”.
Un segundo reto relacionado directamente con el anterior es asegurar que “todos los miembros de las Farc que salgan de la cárcel se ubiquen en las zonas temporales mientras se establece el tribunal, tema que va a tomar bastante tiempo”.
Tampoco debe olvidarse que en los próximos seis meses los fusiles de las Farc deberían convertirse en monumentos. La verificación por parte de la ONU en este proceso será fundamental.
El mecanismo “fast-track” sin duda generará polémica, en parte porque reduce la capacidad de debate e influencia de los congresistas. También, según juristas, afectaría la separación de poderes. No obstante, el Gobierno ha justificado el uso de esta figura teniendo en cuenta la experiencia del gobierno de Estados Unidos, que la ha utilizado cuando necesita tramitar normas de manera expedita.
Una posible defensa del Gobierno en este caso consiste en asegurar la diversidad de opiniones y posturas en el Congreso, de tal manera que se enriquezca el debate.
Como lo explicó la profesora Andrea Celemín, doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, “resulta crucial que la academia y otros órganos nacionales e internacionales le ofrezcan al Legislativo los insumos para mejorar la calidad del debate en estos actos normativos. Insumos que moderen los efectos de la fuerte presencia del ejecutivo en el proceso legislativo especial para la paz y que no dejen al Congreso el sólo papel de mero certificador de lo acordado en la Habana”.
Un tema que ha pasado desapercibido, y que a juicio de la senadora Claudia López es crucial, consiste en consolidar una negociación con la guerrilla del Eln: “Son 1.500 hombres armados, pero son un tormento para seis departamentos: Chocó, Nariño, Putumayo, Arauca, Cauca y Norte de Santander. No podemos dejar ese cabo suelto. Es necesario lograr que antes de que se acabe este gobierno concretemos esa desmovilización”.
Sobre las diferencias con partidos como el Centro Democrático, la senadora considera que en este punto se demostrará que se tienen “muchas más coincidencias en cómo construir la paz que en cómo terminar la guerra. Tenemos que construir un Estado en las regiones, combatir la corrupción, ofrecer equidad e inclusión, en eso estamos de acuerdo”.
Estructurar jurídicamente la implementación de los acuerdos sería solo uno de los primeros retos que afrontaría el Gobierno. Como lo ha dicho el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, la etapa de transición en el país puede tardar, por lo menos, 10 años. Incluso, algunos expertos calculan que implementar los acuerdos puede tomar hasta 25 años.
Quizá el punto más difícil de cumplir sea el de la reforma rural integral. El Gobierno aún no ha establecido las zonas priorizadas en las que se desarrollarán los 16 programas de transformación rural. De hecho, en estas semanas comenzaría la fase de “identificación y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones rurales”, como dice en el acuerdo de paz.
Otra tarea que tomaría tiempo es la delimitación de 16 circunscripciones especiales de paz, las cuales le otorgarían representación adicional en la Cámara de Representantes a las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Las circunscripciones comenzarían regirían entre 2018 hasta 2026.
Los cambios a largo plazo, como el catastro rural y la creación del fondo de tierras, estarían contenidos en el Plan Marco, que tendría una vigencia de 10 años e incluiría todas las normas, programas, planes y políticas públicas necesarias para que el Gobierno cumpla con lo acordado con las Farc en La Habana. Este plan solamente tendrá validez cuando la Nación expida un documento Conpes que garantice su financiación, algo que no ha sucedido.
