La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley anticontrabando, que endurece las penas contra este delito y el fraude aduanero, y establece un régimen sancionatorio común para los departamentos y el distrito capital de Bogotá, encargados de recaudar y administrar los recursos del impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y licores.
La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, expresó su satisfacción por el que calificó como “importante logro para la industria colombiana”, y añadió que el país cuenta ahora con herramientas más efectivas para atacar esta actividad ilegal y combatir todas las prácticas ilícitas asociadas al comercio.
“El contrabando en Colombia es de tal magnitud que vale 2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y corresponde a 10 por ciento de las importaciones que realiza el país”, manifestó la funcionaria, al señalar que este flagelo “afecta la competitividad, el empleo y es un costo país para nuestros empresarios”.
El Gobierno también destacó que la iniciativa fortalece institucionalmente a entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para facilitar la persecución del contrabando y el lavado de activos.
En su cuenta de Twitter el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, celebró la decisión de los Representantes y sostuvo que la aprobación del proyecto de ley “refleja el gran consenso sobre necesidad de fortalecer la lucha contra este flagelo (el contrabando)”.
Tras la aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes, a la propuesta solo le resta la conciliación y la respectiva sanción del presidente, Juan Manuel Santos, para que se convierta en Ley de la República.
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