Con un plantón realizado frente al Palacio de Justicia, un grupo de personas protestó por lo que consideran un abandono de las entidades estatales frente a las posibles víctimas de alias “Manolo”, el presunto depredador sexual que actuaba en un hogar infantil del programa Buen Comienzo, en Medellín.
De acuerdo con Santiago Suárez, promotor del evento realizado ayer, la idea es que lo ocurrido no quede impune y que las autoridades no abandonen el proceso y la atención a las familias de los niños.
“La audiencia judicial estaba programada para este 12 de enero y la aplazaron, no queremos más dilaciones, sino que se haga justicia”, afirmó.
Este caso se descubrió a mediados de 2021 en un jardín infantil de Santa Cruz, en el nororiente de la ciudad, donde trabajaba Ismael Lopera (“Manolo”) como contratista de logística. Según la investigación de la Fiscalía, él habría abusado de varios niños. Aunque se llegó a hablar de 22 víctimas, a la fecha el ente acusador solo tiene evidencia de nueve.
Lopera se entregó a la Policía, en compañía de su abogado, el 9 de julio del año pasado, y en las audiencias que se han realizado hasta ahora se ha declarado inocente, por lo que su situación se resolverá en un juicio oral.
Este expediente forma parte de las 3.032 denuncias por violencia sexual que recibió la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín en 2021 (con corte a diciembre 9). Los hechos ocurrieron en el Valle de Aburrá y los municipios vecinos de Heliconia, Armenia Mantequilla y Angelópolis, que forman parte de la jurisdicción de dicha seccional.
En conversación con EL COLOMBIANO, la directora de esta dependencia, Natalia Andrea Rendón, explicó que este delito será una de las prioridades que tendrá la Fiscalía en 2022, junto a los homicidios, el hurto violento y la estafa, entre otros.
De acuerdo con la estadística judicial, en 2019 hubo 3.101 denuncias por violencia sexual; en 2020 fueron 2.708. Si sumamos los casos de 2021 (para un total de 8.841), se concluye que en los últimos tres años hubo una víctima de este flagelo cada ocho días en el área metropolitana.
Y esto sin contar los subregistros de tantas personas que no denuncian esta situación por diferentes factores, como el miedo o la vergüenza.
“Es uno de los temas priorizados, seguimos fortaleciendo esas unidades (de fiscales especializados en este problema) para que la comunidad tenga una respuesta efectiva”, indicó Rendón.
La fiscal reconoció que aún falta bastante por hacer en este aspecto, pero resaltó que mientras en 2020 se esclarecieron 131 hechos (el 4,8% de las denuncias), en 2021 fueron 308 (10,17%), un aumento superior al doble.
Una de las tareas pendientes entorno al flagelo tiene que ver con los desplazamientos forzados intraurbanos. Según una alerta reciente emitida por la Personería de Medellín, el año pasado se recibieron 12 denuncias que daban cuenta de 27 personas desplazadas (sumando las víctimas y su núcleo familiar).
Detrás de varios de estos casos estuvieron las bandas delincuenciales, cuyos integrantes, además de perpetrar el abuso, amenazaron a las afectadas hasta el punto de sacarlas del barrio.
