Ingrid Vanessa González, secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía de Medellín, le salió al paso a la investigación publicada por EL COLOMBIANO, en la que se reseñó cómo la funcionaria aprobó un curso de inglés para ella misma, subsidiado por el erario.
Sus razones las compartió a través de un hilo de Twitter, en el que afirmó que, como ordenadora del gasto del despacho que lidera, “he sostenido una política austera y garante de la ejecución de los recursos públicos, que son sagrados”.
Sobre el particular, dijo que ha respetado los procesos y trámites establecidos al interior de la entidad. Agregó, además, que el Municipio cuenta con un plan de formación y capacitación desde 2011, que les permite a los servidores formarse en cursos como bilingüismo (el que ella misma aprobó llega a los $5.700.000 y comienza el 19 de mayo).
La funcionaria, entre sus razones, precisó el trámite que deben surtir los servidores para acceder al programa. La solicitud se radica ante su despacho, el de Gestión Humana, con la documentación exigida por la Circular 020 de 2011. Esa información la estudia un equipo, dijo, que da el visto bueno y envía para firma por parte del ordenador del gasto.
Sostuvo, en este sentido, que “la decisión de otorgar o no el acceso al programa carece de análisis subjetivo, toda vez que se trata de una verificación formal de requisitos y, en consecuencia, cualquier servidor que cumpla con estos podrá hacer parte del programa”.
La funcionaria alegó haber presentado la documentación correspondiente, además de ceñirse al pie de la letra al trámite. “Con tranquilidad, puedo asegurar que no falté al procedimiento anteriormente explicado y cumplí con las indicaciones y requisitos que dicta la norma”.
Lo paradójico del caso es que el trámite se surtió con una celeridad que no es usual en el despacho. Funcionarios que conocieron el caso cuestionan que esta modalidad de subsidio no se hace efectiva en plazos menores a un mes, después de que el funcionario ha pagado el costo de su bolsillo; pero sobre todo porque habría una extralimitación de funciones de parte de la secretaria, al aprobarse ella misma el pago del curso.
Lo normal sería que un superior jerárquico, es decir el alcalde, firmara la aprobación. Existe una gran posibilidad de que González hubiera violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Código Disciplinario del Municipio.
De hecho, la Circular 020 de 2011, citada dentro de la resolución que firmó González y sobre la que volvió en su pronunciamiento de este martes, menciona que al solicitar una capacitación especializada, modalidad que se ajustaría a la situación descrita, se debe llenar un formato y que el secretario de despacho al que pertenezca el servidor firme un documento en el que justifique que el conocimiento que se va a adquirir es útil y necesario para las funciones del cargo.
En este caso habría que interpretar este requisito como la aprobación del superior jerárquico, es decir el alcalde, de acuerdo con la opinión de un experto consultado. Eso, sin embargo, no se hizo en este caso.
