En medio de la tusa por la negativa del Concejo de Medellín de revivir el proyecto que busca vender las acciones que EPM tiene en UNE, el alcalde Daniel Quintero lanzó en su cuenta de Twitter, el jueves en la noche, una polémica propuesta al gobierno del presidente Gustavo Petro: que nacionalice la empresa Tigo, la cual se fusionó con UNE y es propiedad de la extranjera Millicom, que hoy tiene el control de la compañía. La idea ya fue calificada como un tiro al aire poco probable de ser tomada con seriedad.
“EPM acaba de perder $3 billones. Como lo anticipamos, al uribismo y sus aliados no les bastó con privatizarla en 2014, esta vez fueron por sus restos. Pido al Gobierno Nacional explorar una nacionalización de Tigo para recuperar los recursos públicos robados”, escribió el mandatario.
La primera en responder fue la senadora María Fernanda Cabal, quien le preguntó si esto equivaldría a una expropiación. “Expropiar lo que hicieron ustedes en 2014 privatizando Tigo/UNE y regalando ayer $3 billones públicos a Millicom”, dijo después Quintero en respuesta a la senadora.
Este punto puede considerarse una falacia del alcalde. Si bien, es cierto que la bancada del Centro Democrático en el Concejo tuvo un papel crucial para que la venta de UNE se hundiera cinco veces este 2022, afirmar que su papel fue clave para aprobar la fusión de 2014 es impreciso, sobre todo porque durante ese año ese partido no tenía asiento en el Concejo de Medellín (ver Antecedentes).
¿Es factible la propuesta?
Volviendo a la propuesta de nacionalizar Tigo, varios expertos coinciden en que esta iniciativa no tiene ni pies ni cabeza, genera más desconfianza de la que ya existe con Quintero y que sería poco probable que Petro o alguien de su gobierno le pare bolas para gestionarla.
Guillermo Maya, profesor titular de la Universidad Nacional, considera que no hay posibilidades de que la Nación se haga cargo de una empresa de telecomunicaciones, pues no es sensato que asuma solo la parte que hoy es de EPM para que Millicom siga con el control que actualmente ostenta, aunque EPM tenga el 50% más una acción. En este escenario la multinacional quedaría con el manejo de activos nacionales.
Y quedarse con la totalidad de la empresa tampoco es simple porque tendría que darse, anotó Maya, por acuerdo mutuo entre el gobierno y Millicom o por un método forzoso que no sería bien recibido en términos políticos y de imagen internacional.
Maya y otros conocedores del tema no creen que el gobierno de Petro se ponga en función de expropiar al capital extranjero, porque hay cosas mas estratégicas que el servicio de telecomunicaciones. “Una cosa es regular el capital extranjero, como se pretende con temas de minería, y otra lo que está proponiendo Quintero”, manifestó Maya.
No obstante, recordó el profesor, aunque la propuesta de Quintero no tendría asidero, hay un precedente sobre nacionalización que fue exitoso: “El ferrocarril de Antioquia se empezó a construir en 1874 y lo terminaron hacia 1929. Empezó a funcionar, fue muy importante para el desarrollo antioqueño y en el año 1962 fue nacionalizado por el gobierno y con esos fondos se creó el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), que aún existe y ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del departamento”.
Sin embargo, no se trata de situaciones similares y pesa la diferencia de que en el caso de las acciones de UNE, el mismo Quintero se ha encargado de polarizar y generar desconfianza, entre otras cosas, por las distintas versiones que dio sobre la destinación de los recursos de la posible venta.
Para muchos, incluso algunos concejales que votaron en contra de la venta, el negocio de 2014 no fue acertado y ha servido para que el alcalde cree una narrativa de división y en contra de cualquiera que se oponga a sus ideas o del empresariado antioqueño, con su ya conocida obsesión por el GEA, al que culpa de toda clase de situaciones.
De hecho, el mensaje de la nacionalización no fue el único del mandatario tras su derrota en el Concejo. También hubo publicaciones en las que calificó de “sinvergüenzas” y “ladrones” a quienes expresaron su desconfianza al uso que la administración les daría a los recursos recaudados con una posible venta de las acciones, calculados entre $2,3 y $2,8 billones.
Y en su discurso se pueden leer inconsistencias y falacias repetidas. Una de ellas es que si bien el proyecto de la Alcaldía buscaba activar un mecanismo para que EPM vendiera sus acciones en condiciones más favorables, comparar el cierre de esa posibilidad con una pérdida o un robo constituye un postulado abiertamente engañoso.
Asimismo, aunque es cierto que con la negativa del Concejo EPM no podrá activar la cláusula de protección al patrimonio público, diseñada para que la venta de las acciones tuviera la oportunidad de realizarse directamente con Millicom en una primera instancia, no era claro si esa multinacional tomaría esa opción.
Cabe recordar que, de acuerdo con ese mismo mecanismo, en caso de que Millicom se negara a la compra, ambas partes tendrían que salir a vender sus participaciones abiertamente en el mercado, lo que tampoco garantizaría que se recaudaran exactamente los $2,8 billones calculados por EPM
