EPM le salió al paso a la polémica que ha suscitado una posible retirada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del proyecto Hidroituango en caso de cambio de contratistas o retrasos en el cronograma. También respondió a las inquietudes que la Superintendencia Financiera de Colombia elevó a la gerencia de la empresa este viernes.
Mediante comunicado de prensa, EPM dejó claro, en primer momento, que no ha recibido ninguna notificación por parte del BID, respecto a que dicha entidad haya tomado una decisión contraria a mantener su permanencia en la financiación del proyecto Hidroeléctrico Ituango.
“El contrato de crédito no incluye obligaciones por parte de EPM de mantener o no una firma contratista específica”. La entidad agregó que la continuidad del proyecto es un objetivo común del BID y EPM, por lo que se estima que las acciones que así lo garanticen no resultarán en efectos contractuales negativos para el contrato de crédito.
En cuanto a las consultas elevadas por la Superfinanciera, que este fin de semana se coincidieron con algunas de las preocupaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos en el caso de un cambio de contratista, la entidad respondió punto por punto.
Respuestas a la Superfinanciera
Respecto a los efectos jurídicos y contables en la sociedad si se da un cambio como el mencionado, para EPM la cesión contractual es una figura corriente dentro de la contratación pública y privada que permite que las partes del contrato puedan cambiarse por terceros que continúen la ejecución de sus obligaciones.
“Los contratos actuales del proyecto no son la excepción. En todos ellos está permitida su cesión, previa la autorización expresa de EPM (...). En igual sentido, la figura de la cesión no tiene reparos contables, y en caso de que esta llegase a materializarse, EPM cumplirá con las disposiciones contables que competan”, expresó la empresa.
Ante la consulta por los efectos de estos movimientos en las finanzas de EPM, considerando el flujo de caja y el perfil de riesgo de liquidez, la empresa detalló que cuenta con un panorama saludable, debido a los resultados positivos registrados en la actual vigencia.
“La principal fuente que soporta el plan de negocios de EPM es su robusta Generación Interna de Fondos que proviene de la operación de sus líneas de negocio”, dijo la entidad, tras acotar que actualmente cuenta con un nivel de caja y equivalente de efectivo cercano a los $4,6 billones.
Sobre los efectos en el cronograma, EPM indicó que una cesión del contrato y respectiva prórroga, con una empresa que cubra el empalme y sostenga el ritmo de ejecución, “permitiría continuar con el cronograma actual y se podría cumplir con el compromiso de entrar 2 unidades de generación en el año 2022 y 2 unidades en el año 2023”. Esta lectura, sin embargo, genera discrepancias.
No se conoce respuesta a la Superservicios
El pronunciamiento de EPM se conoce debido a las preguntas que la superintendente delegada para emisores Sandra Patricia Perea, en nombre de la Superfinanciera, elevó al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo. Esta solicitó enumerar, de forma detallada, cuáles serían las consecuencias jurídicas, contables y crediticias que podrían golpear a la empresa frente a una salida del BID, tras una posible cesión de contrato.
Aunque EPM dio cuenta en su comunicado cómo operaría el cronograma en caso de presentarse esta situación, todavía no se conoce la respuesta respecto a una de las inquietudes compartidas por el lado de la Superservicios. La superintendente Natasha Avendaño García le pidió a Carrillo aclarar qué análisis de riesgos tendría la empresa frente a un cambio de este tipo, además del cumplimiento de las obligaciones de energía en el país.
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