Bajo las luces azules y rojas que caracterizan a un operativo policial se encontraron Andrea, de 18 años de edad, y Paola, de 16*. Ambas enfrentaron el mismo contexto de un procedimiento sorpresa, pero en diferentes condiciones: mientras la primera había aprendido a vivir en ese lugar desde los 14 –y ya no podía ser detenida por la Fuerza Pública al tener cédula–, la segunda apenas empezaba en ese camino de esperar hombres dispuestos a pagar por servicios sexuales e intentaba desligarse de la Policía para continuar con lo que califica como “mi trabajo”.
Como Paola, otras 12 niñas y adolescentes fueron trasladadas desde la Comuna 10 de Medellín a instituciones de protección por vulneraciones relacionadas con la explotación sexual y comercial.
EL COLOMBIANO acompañó ese operativo, que empezó a las 8:00 p.m. del viernes 13 de agosto y se extendió por cinco horas hasta la madrugada del sábado, con la intención de visibilizar lo que ocurrió en aquel sector de San Diego y analizar los resultados.
El evento empezó en las afueras del Centro Administrativo La Alpujarra, donde más de 50 personas escucharon instrucciones. “Vamos a ser claros: las calles que visitaremos no son comerciales y a esta hora (11:00 p.m.) ya no hay locales ni servicios abiertos. Cualquier persona que encontremos allí puede estar relacionada con expendio de alucinógenos o con explotación sexual de menores, así que nadie sale de ese lugar sin ser requisado y mostrar su documento de identidad”, explicó uno de los uniformados a cargo del operativo.
Minutos después, unos doce vehículos, entre los que se encontraban un camión de la Policía y tres busetas tipo van para trasladar a las menores rescatadas, llegaron al lugar.
Las calles, que en un principio parecieron vacías e inhabitadas, comenzaron a llenarse de personas. Por lo menos unas 25 mujeres conversaron con funcionarios mientras intentaban demostrar que eran mayores de edad y –si no lo eran– explicar qué hacían en ese lugar de madrugada y sin un acudiente.
Bajo la lluvia, periodistas, policías y funcionarios de la Alcaldía de Medellín y la Personería usaron abrigos e impermeables, pero ellas no tenían. Se enfrentaban a la noche con escotes profundos y prendas delgadas. “La verdad es que no está haciendo frío, pero si tuviera tampoco me pondría nada”, confesó Paola tras reclamarle a la Personería de Medellín por no dejarla ir.
“¿Quién le va a comprar los pañales a mis hijas, quién me va a dar esa comida? Yo no puedo irme a ningún centro a perder el tiempo”, gritaba la menor en medio de las lágrimas por verse acorralada.
“Este tipo de escenas siempre son difíciles, no hay manera de convencerlas de que se trata y se está ante una forma de abuso, pero nuestra tarea es hablar con ellas con amor y paciencia, hacer lo máximo porque se vayan para los centros de protección por su cuenta, sin usar la fuerza”, explicó Carolina Chavarriaga, psicóloga de la Secretaría de Inclusión Social que estaba presente en el lugar.
Como esta, la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín ha realizado otras ocho acciones en lo que va del año: cinco en La Candelaria, dos en Popular y una en Manrique; todas con sensibilización en bares y definición de rutas de protección e identidad.
Fruto de ese trabajo, “se han restablecido los derechos de 100 niñas, niños y adolescentes en lo que va de 2021”, aseguró el secretario (e) de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Santiago Preciado. (Ver: Para saber más)
Tras ser trasladadas, las menores pasan a centros de protección, en donde son valoradas por diferentes dependencias: “El primer paso tiene que ver con salud, en el que evalúan si son dependientes de sustancias psicoactivas y se hace el respectivo proceso de rehabilitación; y el segundo es todo un proceso psicológico y de terapia. Allí también tienen hospedaje, comida y tutores que están a la disposición de sus necesidades”, contó Néstor Jaime Ospina, coordinador de Restablecimiento de Derechos.
Sin embargo, el experto en seguridad urbana, Olmer Albeiro Muñoz, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, analizó que “aunque esos operativos son supremamente necesarios, no alcanzan a ser suficientes para contener un delito de ese tipo”.
Partiendo de la base de que la Policía Nacional no ha detenido a los responsables de ese flagelo en la Comuna 10 de Medellín, Muñoz explicó que, desde su perspectiva, sería necesario implementar tres puntos por parte de las autoridades.
“Una primera que tiene que ver con caracterización, para conocer qué tipo de menores están en esos contextos; una segunda, donde se analice si es pertinente quitarle la patria potestad a sus acudientes, y una definitiva que tiene que ver con operativos contundentes para desarticular las redes, pues no hay que perder de vista que muchas de ellas lo hacen obligadas”, concluyó
*Los nombres de las fuentes no fueron revelados para proteger su identidad.
