Un nuevo ingrediente tiene la discusión sobre el futuro jurídico de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA): en diciembre pasado se aprobó la Ley de Financiamiento (Ley 2010 de 2019) que incluye un artículo que permite a las empresas departamentales productoras de licores conservar su naturaleza jurídica actual.
Se trata del artículo 144, propuesto por el representante Óscar Darío Pérez, y que dice que “las empresas de licores de los departamentos, que tienen el ejercicio del monopolio rentístico, conservarán la naturaleza jurídica que tengan a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Las que se creen en adelante deberán ser empresas industriales y comerciales del Estado, del orden Departamental”.
Luz Elena Gaviria, secretaria de Hacienda de Antioquia, explicó que esa ley abre la puerta para que la FLA se pueda mantener como una dependencia adscrita a esa secretaría y no tenga que convertirse en una empresa industrial y comercial del Estado (Eice).
“Hay un fallo del Consejo de Estado que exhorta a la FLA a cambiar su naturaleza jurídica y da un plazo de dos años que se cumple en cuatro meses. Nosotros recibimos del anterior gobierno los estudios técnicos, jurídicos y financieros que se hicieron en su momento para soportar la decisión y ahora tenemos que analizar si es mejor hacer el cambio o dejar la empresa como está”, dijo.
Así las cosas, y por petición de la Asamblea, la Gobernación deberá elevar consultas para determinar qué prevalece: si la ley nacional o la orden de la Corte.
Consecuencias
Rubén Darío Callejas, presidente de la corporación, señaló que convertir a la FLA en una Eice obligaría a pagar impuesto de renta, lo que a su juicio pondría en riesgo el plan de desarrollo.
Orlando González, subdirector de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, explicó que si se cambia la naturaleza jurídica de la FLA “los ingresos por operaciones comerciales dejarían de ser del Departamento (libre destinación) y pasarían a ser de la empresa”. Agregó que eso significa, en plata blanca, que el gobierno tendría que inyectarle $230.000 millones a la licorera en su primer año como Eice, y que con esa inversión se superaría el gasto permitido.
En consecuencia, el Departamento perdería su categoría especial (lo que reduciría su capacidad de endeudamiento y acceso a créditos con la Nación, disminuiría el salario de los diputados y el presupuesto de la Contraloría de Antioquia) y podría generarles sanciones al Gobernador y a su secretaria de Hacienda.
Gaviria dijo que por ahora el gobierno departamental no ha tomado una posición sobre qué alternativa es más conveniente para las finanzas estatales. “No tengo una respuesta sobre qué proyecto traeremos (a la Asamblea). Tenemos cuatro meses para dar respuesta sobre un tema al que le cambiaron las condiciones de un día para otro”, dijo.
