En la imputación del pasado martes contra la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz, por presuntas irregularidades en la contratación de Buen Comienzo y el PAE, causó sorpresa la aparición de un contrato interadministrativo con Plaza Mayor, incluido por la fiscal en la investigación de uno de los cuatro delitos en los que presuntamente participó la funcionaria. Ese será uno de los temas que la fiscal sustentará mañana en la solicitud de medida de aseguramiento.
Se trata de peculado por apropiación, que se habría generado porque, al parecer, se destinaron recursos públicos para pagar dos veces la misma actividad: la entrega de paquetes alimentarios a población escolar, lo cual era muy importante porque buscaba garantizar la nutrición de los niños y adolescentes más vulnerables en la pandemia.
La configuración de este delito, según la fiscal, estaría relacionada con dos procesos. Por un lado, el contrato 4600085448, suscrito entre Agudelo, como titular de la Secretaría de Educación, y Henry Paulison Gómez Montoya (también imputado), representante legal de la corporación Colombia Avanza; por otro lado, el contrato interadministrativo 4600085302, entre la misma secretaria y Plaza Mayor.
Contrato con Colombia Avanza
El primer contrato fue por un valor inicial de $7.168 millones, un plazo de ejecución de un mes, con fecha de inicio el 20 de marzo de 2020 (culminó el 19 de abril de 2020), y el objeto de suministrar “alimentación para la población estudiantil vinculada a la Secretaría de Educación durante el periodo de calamidad pública para garantizar la seguridad alimentaria”.
Este contrato se firmó, en modalidad directa, tres días después de que el alcalde Daniel Quintero declaró urgencia manifiesta por la pandemia. Optaron por esta salida, pese a que desde finales de 2019 se estaría avanzando en una licitación para el mismo objeto contractual y a que, además, se podría haber prorrogado un contrato de 2019, vigente en ese momento, para entregar alimentos a estudiantes. Por esta causa, se imputó también el delito de interés indebido en la celebración del contrato.
El caso es que, una vez contratada, Colombia Avanza tenía la obligación de “adquirir, almacenar, distribuir y entregar 220.578 paquetes alimentarios, lo que implicaba capacidad técnica, como personal idóneo en manipulación de alimentos, vehículos y bodegaje para almacenamiento con condiciones aptas para uso exclusivo del objeto contractual. Además, se estipuló un único pago al final, cuando todos los paquetes estuvieran entregados.
La funcionaria Alejandra Márquez Mejía fue designada supervisora del contrato, y como suplente nombraron a Lina María Gil Zapata, quien era directora técnica de Buen Comienzo (otro contrato por el cual les imputaron dos delitos) y, además, participó en los estudios previos y análisis del sector para la adjudicación del contrato. Ella también está imputada en el proceso penal.
En el informe de estudios previos que firmó Gil se estableció que Colombia Avanza tenía “la capacidad técnica, logística, administrativa y financiera para la ejecución de este contrato”. No obstante, durante la imputación, la fiscal señaló que a Colombia Avanza le habrían prestado una bodega del Municipio de Medellín, hoy Distrito, para cumplir sus obligaciones contractuales.
Asimismo, la fiscal dijo que personal del Inder fue, al parecer, utilizado para entregar los paquetes alimentarios. Esto genera dudas, porque el mismo contratista reportó, en su informe de gestión, que contrató a 116 personas para ejecutar labores logísticas. En dicho informe, Colombia Avanza afirmó que la logística fue apoyada “por personal voluntario de distintas secretarías”, que no fueron reportadas porque no tenían con ellos vínculos contractuales o laborales.
Por otro lado, se investiga si hubo sobrecostos en los productos, por alrededor de $800 millones, según la fiscal.
De acuerdo con el acta de liquidación, firmada el 20 de junio de 2020 entre Agudelo y Gómez, de los $7.168 millones que valía el contrato, se ejecutaron $6.753, es decir, la corporación dejó de ejecutar $414 millones. La mayor parte de este dinero, $341 millones, se ahorró por logística no ejecutada, mientras que el contratista reportó gastos logísticos ejecutados por $137 millones.
La pregunta que se hacen en la investigación es si dicho ahorro fue por el personal del Inder que habrían usado para esta misma labor o por aproximadamente $126 millones que se pagaron, según la fiscal, a Plaza Mayor, para entregar paquetes, en el marco del mencionado contrato interadministrativo.
El interadministrativo
Este contrato, el 4600085302, lo firmaron la secretaria Agudelo y el gerente de Plaza Mayor, Víctor Hugo Zapata, el 17 de marzo de 2020, el mismo día que Quintero decretó la urgencia manifiesta.
Tuvo un presupuesto de $1.831 millones de la vigencia 2020 y un plazo de ejecución de 297 días. Los $1.831 millones se distribuyeron así: $1.663 millones de recursos a administrar y $167 millones de honorarios.
Once días antes, el 6 de marzo de 2020, la secretaria imputada firmó una resolución para justificar la contratación directa con Plaza Mayor para la operación logística de eventos de la Secretaría de Educación, el objeto del contrato. Estos contratos directos han sido usuales entre la Alcaldía y Plaza Mayor: contrataron más de $15.000 millones entre 2015 y 2019.
El marco de obligaciones del 4600085302 quedó descrito lo más amplio posible, con 21 numerales específicos y 31 generales, repletos de tareas a cargo de Plaza Mayor.
Por ejemplo, el primer numeral, en el que justificaron la entrega de los paquetes alimentarios, dice que el contrato incluye apoyo a la gestión y realización de todos los eventos, lanzamientos, ferias, seminarios, foros, conmemoraciones, campañas publicitarias, actos, intercambios académicos, culturales, alquiler de espacios y estrategias asociadas; además de realizar la supervisión, planeación y coordinación de eventos institucionales, talleres, certámenes y eventos, garantizar producción y disposición de aspectos logísticos y mobiliarios.
Otras obligaciones fueron garantizar el transporte, carga y descarga de equipos, ambientación de espacios, contratar grupos artísticos, divulgación masiva a través de correos electrónicos, registrar asistencias y hasta utilizar el pendón institucional con el logo de la Alcaldía.
En un documento anexado como presupuesto en la plataforma Secop se describen los proyectos que realizarían con los recursos asignados. Ningún componente —mejoramiento de la calidad educativa, escuela abierta, reconocimientos, plan de lectura y bibliotecas escolares, formación de maestros, fortalecimiento en lenguas extranjeras, estrategias para la inclusión en el sistema escolar y comunicaciones— habla de entrega de paquetes alimentarios.
No obstante, como consta en el informe final de supervisión, la primera actividad reportada por Plaza Mayor en la ejecución del contrato fue la logística para la entrega de kits alimentarios por un costo de $126 millones. ¿Se pagó para la misma actividad que ya se le había pagado a Colombia Avanza, por $137 millones, con el otro contrato?
Este y otros detalles podrían tener respuesta mañana cuando la fiscal 49 amplíe la explicación de la imputación y, posiblemente, solicite medida de aseguramiento, decisión que queda en manos de la jueza 39 de control de garantías.
El proceso penal apenas comienza para los tres procesados. La otra batalla la libra la secretaria Agudelo, como la primera funcionaria imputada de Daniel Quintero por presuntos delitos delicados por tratarse de la alimentación y protección de la infancia.
Esto ha generado otro frente en su contra: concejales, diputados, organizaciones, ciudadanos y la veeduría Todos por Medellín, que presentó estas denuncias, le piden que renuncie a su cargo y se defienda ante la justicia fuera de la administración pública.
La respuesta del alcalde ha sido comparar este caso con contratos de la administración pasada que no están bajo investigaciones y calificarlo de ataque político. El gabinete ha cerrado filas en defensa de Agudelo, le crearon etiqueta en Twitter y ya hay denuncias de presiones a contratistas para que se sumen en redes sociales.
Algunas personas contaron que la instrucción fue firmar en línea una petición de respaldo a la secretaria, que supuestamente hizo César Augusto Ceballos, rector de una de las instituciones, las mismas que este año necesitan una funcionaria concentrada en el cargo, pues son definitivos el mejoramiento de la calidad y la reparación de los graves daños de infraestructura.
