La Procuraduría General de la Nación abrió otra indagación previa en Antioquia. Esta vez, contra funcionarios aún por determinar, que estarían involucrados en presuntas omisiones en la implementación de medidas para proteger a la empresa Zijin-Continental Gold, en el municipio de Buriticá, Occidente antioqueño, la cual sufrió un atentado el pasado 17 de mayo.
La investigación del ente de control busca determinar si existieron posibles faltas disciplinarias de parte de servidores que no habrían prestado atención a tiempo ante las denuncias de la empresa de extracción minera subterránea de oro sobre riesgos que ameritaban que les brindaran protección.
Dichas solicitudes, de acuerdo con la Procuraduría, habrían sido reiteradas ante el Gobierno Nacional y las autoridades locales y buscaban salvaguardar la vida de sus trabajadores y garantizar el ejercicio y funcionamiento de la operación minera.
Le puede interesar: Atención: atentado con explosivos deja dos muertos y por lo menos 14 heridos en mina de Buriticá
Aún así, la empresa terminó víctima del ataque con explosivos en uno de los túneles de la mina, lo que dejó dos personas muertas y 14 heridas.
La indagación previa que abrió el ente de control busca identificar e individualizar a los funcionarios que habrían omitido acciones para garantizar la protección solicitada por la empresa, que realiza una actividad minera avalada por el Estado y con los permisos correspondientes.
En este sentido, la Procuraduría escuchará el testimonio de los directivos de la empresa minera, a la vez que les solicitó al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Militares, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Buriticá, entre otras autoridades entregar un informe detallado sobre las medidas y acciones emprendidas para la protección de los trabajadores de la minera Zijin-Continental Gold.
Lea también: Guerra bajo la tierra por el oro y freno a desalojo tienen en vilo a Buriticá
Tras conocerse el atentado, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, había pedido a los gobiernos nacional y departamental tomar “todas las medidas necesarias que permitan brindar garantías de protección a las actividades lícitamente concesionadas por el Estado, como lo son las actividades minero-energéticas, garantizando privilegiando la vida y seguridad de los ciudadanos frente a los actores criminales que actúan al margen de la ley y de la institucionalidad”.
