La Fiscalía también investiga el caso, que causó mucho revuelo.
El caso de los estudiantes de La Ceja que recibieron carne de caballo en el Plan de Alimentación Escolar sigue escalando. Este martes 27 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación anunció que investigará el caso. En particular, el ente investigará a Diana Colombia Castro Londoño, la supervisora del contrato suscrito con la Fundación Colombia un País para el Presente por medio del cual se les suministró la carne a los niños.
Lo que investigará la Procuraduría es si Catro Londoño faltó a sus obligaciones de supervisión. El “pecado” de la funcionaria fue no haber prevenido que a los niños, como se probó en su momento, les dieran carne de caballo doméstico hembra. De manera paralela, la Procuraduría encendió las alarmas y decidió investigar, de manera preliminar, si el mismo proveedor estaría distribuyendo esta carne en los otros 22 municipios del Oriente.
La investigación, añadió la Procuraduría, tiene como fin “establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, determinar si constituyen faltas disciplinarias, y el posible perjuicio causado”. La acusada, por su parte, podrá solicitar ser escuchada en versión libre.
Un mes después del escándalo en La Ceja, lo que más indigna a María Eugenia Molina, una de las madres que está segura de que su hijo consumió carne de caballo, es que el asunto tardara cinco meses en destaparse desde que los mismos padres y luego las autoridades encontraran anomalías en la carne suministrada a cientos de estudiantes. “Es como si solo los papás entendiéramos la gravedad de esto”, reprocha.
María Eugenia y otras familias consultadas aseguran que en el municipio parecen querer tachar el asunto. Hubo diálogos con las familias donde la administración garantizó que habían retirado todos los lotes en riesgo y garantizaban la calidad de la comida suministrada en el PAE. De la responsabilidad que debe asumir Food Carnes ante la Fiscalía no se sabe nada.
El alcalde Nelson Carmona, de La Ceja, manifestó que la misma administración había puesto en conocimiento de la Procuraduría el hecho, mientras que el contratista dijo que entregó todas las pruebas a la Fiscalía frente a la presunta responsabilidad del subcontratista. Sin embargo, la Procuraduría le advirtió al alcalde que zanjar el asunto no era tan fácil y que él tenía la obligación de hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones y calidad de los alimentos.
