Dos mujeres menores de edad fueron víctimas de un presunto abuso sexual por parte de un grupo armado ilegal que opera en Ituango. La denuncia la hizo la senadora Isabel Zuleta, quien compartió una alerta por el recrudecimiento del conflicto en ese municipio, donde también hablan de un aumento en el reclutamiento de menores. En su denuncia, la congresista cargó contra la falta de gestión del mandatario local, Edwin Mira Sepúlveda, mientras que él se defendió y habló de abandono por parte de la Nación.
El abuso de las dos menores, tema que desató la zozobra en esa localidad del Norte, tendría que ver con execrables tácticas de reclutamiento por parte de los grupos armados que, al parecer, habrían provocado el desplazamiento forzado de otras dos menores de la vereda Santa Rita. Sin embargo, el ataque a mujeres no es noticia nueva en Ituango, ni en ningún territorio afectado por la guerra en Antioquia.
Una paz engañosa
Desde abril de 2022, cuando más de 4 mil personas tuvieron que salir desplazados por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, Ituango vive en aparente paz, pero se trata de una paz engañosa y que sólo cubre la cabecera municipal, donde la gente puede salir a tomarse un tinto o a empujarse una cerveza, porque en las veredas la supervivencia es a otro precio.
Hay toques de queda desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana; hay vigilancia permanente de los grupos armados en caminos y carreteras, y también hay reclutamiento de menores.
En veredas como Quebrada del Medio, Bajo Inglés, La Georgia, Santa Rita, Santa Lucía, El Aro o Palo Blanco (que está a menos de 40 minutos del pueblo), los ilegales se pasean orondos por las calles, se sientan en las tiendas o cantinas o se paran en las entradas de escuelas y colegios para exhibir sus armas, sus motos, sus camionetas, sus radios de comunicación.
Las niñas y los niños los miran con asombro, entre el miedo y la admiración, y de eso se aprovechan los violentos, quienes les ofrecen dádivas a los adolescentes y a los jóvenes “para que se unan a la causa”, para que tomen las armas y también “cuiden las veredas”.
Los jóvenes ven en esa invitación la oportunidad de adquirir notoriedad entre las mujeres, poder sobre los demás hombres y dinero fácil e inmediato. Las mujeres, en cambio, saben que, de aceptar, tendrán que someterse al acoso o al abuso sexual de los comandantes y hasta de los soldados rasos, pero la posibilidad de tener plata para enviarles a sus familiares es más fuerte, y aceptan.
No es un reclutamiento a la brava (aunque todo reclutamiento de menores, según la ley, es forzado). En realidad, los grupos armados, por estos tiempos, se dedican a tratar bien a los pobladores. Intentan no interactuar demasiado y solo se dedican al patrullaje. Solo amenazan a los ladrones o los buscapleitos, pero nada más. Son callados y deambulan por las calles y caminos veredales como fantasmas.
Muchos profesores conocen los riesgos de reclutamiento que corren los alumnos, y tratan de enfrentar la situación desde la enseñanza, pero los esfuerzos se quedan cortos ante la presión de la pobreza, de la falta de oportunidades. En muchas veredas, los profesores promueven la danza, el teatro y la escritura, pero no cuentan con los suficientes recursos para que los jóvenes se mantengan aislados del cebo de los grupos armados. Este año, según la Defensoría del Pueblo, cinco menores han sido reclutados por los ilegales, pero la problemática va más allá: integrantes de esos grupos entran a veces a las escuelas y colegios a dar discursos, o hacen cerrar las instituciones debido a los enfrentamientos.
También pasa que obligan a los maestros a irse del pueblo, los asesinan “por la causa”, o por cualquier otra ridícula causa concerniente a la guerra. No hay día que a la Personería de Ituango o a la Inspección Municipal no lleguen quejas y denuncias de acoso y abuso a niñas y niños en las veredas del municipio. Es una ola constante de denuncias que terminan chocando, casi siempre, en los acantilados de la impunidad.
Quién responde
¿Echarle la culpa al alcalde? No vale la pena. Edwin Mauricio Mira Sepúlveda, al igual que sus antecesores o sus predecesores, hace lo que puede con lo que tiene: Ituango, que podría ser uno de los municipios más ricos de Colombia, por sus fuentes hídricas, por sus fincas ganaderas e incluso por su potencial artístico, es un pueblo que nada en el mar de la pobreza, de la escasez.
Y es que actualmente en Ituango operan cuatro grupos armados ilegales: disidencias de las Farc, ELN, Autodefensas Gaitanistas y Clan del Golfo. Hasta hace unos cuantos meses, también tenían cierta influencia grupos delincuenciales como Pachelly y El Mesa, provenientes de Bello, pero fueron erradicados a la fuerza por otros ilegales.
Todos esos grupos viven enfrentados por el territorio, por todos esos corredores conectados a través del Nudo de Paramillo y que van del departamento de Córdoba hasta Urabá y Chocó. En medio del monte y la selva tienen cultivos cocaleros, laboratorios, caletas de armas y de dinero. No es negociable el control en esas zonas y, por eso, los habitantes de Ituango viven bajo tensión, en medio de una creciente zozobra.
Hoy, la noticia es el presunto abuso sexual a dos menores de edad por parte de integrantes de un grupo armado. Hace muy poco, también, se comentó del cierre temporal de escuelas y colegios en veredas como Quebrada del Medio y El Cedral. En zonas más alejadas hay alertas de posibles desplazamientos y murmullos del paso de columnas guerrilleras y paramilitares con más de 400 hombres; en Palo Blanco, presuntamente, una docena de familias están amenazadas.
Una guerra parece anunciarse en el trinar de los pájaros, en el quejido del río Cauca y las quebradas, y en el rugir relampagueante de las nubes en la época de invierno. La gente teme que la sombra de la muerte vuelva a extenderse sobre este maravilloso paraje del Norte, al que las balas y las granadas no han dejado en paz desde 1985. Y en medio de toda esa zozobra, las niñas, los niños y los jóvenes no son más que carne de cañón.
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