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¿Por qué regresaron los bloqueos en el Bajo Cauca si se dijo que ya había acuerdo?
Un sector de los mineros había anticipado su inconformidad con el acuerdo logrado el sábado entre el gobierno y delegados del sector.
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El nuevo bloqueo genera incertidumbre en varios sectores afectados por la primera protesta. FOTO CORTESÍA
25 de septiembre de 2022
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Hacia las 5:00 de la tarde de este sábado el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, publicó un documento que daba cuenta de un acuerdo logrado entre los mineros del Bajo Cauca y las autoridades para poner fin a 96 horas de bloqueo en la Troncal de la Costa Atlántica. Desde esa publicación no han pasado 24 horas y ya se sabe que manifestantes se volvieron a tomar la carretera.
“Absurdo, inaceptable. Me informa la Séptima División del Ejército y la Policía que nuevamente se bloquea en forma violenta el paso entre Puerto Valdivia y Caucasia. Incumplimiento claro de acuerdos suscritos ayer”, fue el mensaje del gobernador departamental este domingo, cuando se conoció el retroceso.
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El sábado, delegados del ministerio del Interior y la gobernación de Antioquia negociaron con los mineros en el batallón Rifle de Tarazá. En un acuerdo, de siete puntos, sentaron los compromisos con los mineros a cambio de que estos levantaran el paro.
El gobierno dijo cesar la destrucción de las minidragas —motivo de la protesta— utilizadas para la minería irregular. Además, se estableció un protocolo para identificar las tecnologías y sustancias químicas utilizadas en el oficio minero de la región y asumió el compromiso de acompañar al pequeño minero en sus trámites para formalizar su labor ante el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Energía.
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En las imágenes compartidas por el gobernador este domingo se ve un camión atravesado en la mitad de la vía que de Puerto Valdivia conduce al municipio de Caucasia. Solo horas atrás la Policía documentó que, junto a los manifestantes, retiraron de la vía los troncos que obstaculizaron el paso de vehículos por cuatro días. La nueva evidencia supone, según las autoridades, “un incumplimiento de los acuerdos firmados”.
De otro lado, Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminercol, le había adelantado a EL COLOMBIANO que los compromisos firmados no fueron fruto de un acuerdo, sino, de una imposición.
“No hubo solución práctica al problema de fondo. (...) La decisión que se tomó no fue un consenso, fue una imposición prácticamente de la senadora (Isabel Cristina) Zuleta —firmante en el acta como garante—. Esta decisión no es compartida por la mayoría de los mineros en el territorio y no sabemos cuál va a ser la reacción de ellos con un acuerdo que no los incluye y, por el contrario, mantiene la destrucción de maquinaria pesada en el territorio. De la mesa se levantaron de manera abrupta“, dijo Gómez.
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En todo caso, el gobierno de Gustavo Petro había adelantado desde el pasado 20 de agosto que impartirían la orden a la fuerza pública para destruir la maquinaria amarilla que ha sido utilizada para la extracción minera. Solo hasta este 23 de septiembre se reportó la destrucción de 202 de estas máquinas en todo el país.
El balance de las protestas en el Bajo Cauca, que al parecer serán reanudadas, fue de un menor de edad fallecido, 30 vehículos saqueados y pérdidas de 160.000 millones de pesos del sector de transporte de carga que estuvo retenido.
“Los mineros ilegales no tradicionales pueden tener un camino de legalización si hacen una negociación jurídica con la justicia colombiana. Deben desmantelar su actividad depredadora y se institucionalizan con el gobierno nacional a través de concesiones de largo plazo”, ha sido la posibilidad que ha planteado el presidente Petro.
Cazador de historias. Futbolista frustrado: me tocó gambetear con las palabras.
