El anuncio hecho por el Área Metropolitana el pasado jueves de destinar recursos para la financiación del Parque de Artes y Oficios de Bello y del nuevo Palacio Municipal de Envigado generó advertencias de la seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que les hace reparos a las empresas de desarrollo urbano de ambas localidades (EduNorte y DESur) en cuanto a la idoneidad para la contratación de obras y pide estar vigilantes a estos procesos.
En Junta Metropolitana, el Área decidió la celebración de un convenio con el Municipio de Bello por $80.000 millones para la construcción del parque, mientras para la nueva sede de la administración envigadeña el aporte será de $74.392 millones.
La cantidad de recursos públicos a invertir despertó las alertas de la CCI, que en su cuenta de Twitter expresó su preocupación por el hecho de que ambas obras sean contratadas por las empresas de desarrollo urbano, entes recién creados por las administraciones municipales que, considera la CCI, no tienen el bagaje ni la experiencia necesaria para adelantar estos procesos.
La entidad también advirtió que ni EduNorte ni DESur, así como en general las empresas de desarrollo urbano, utilizan el régimen de contratación estatal, que el gremio considera más ágil, transparente y pluralista.
Aunque la CCI se muestra entusiasta con la decisión del Área de financiar estas obras, sugiere que estas inversiones se realicen a través de las secretarías correspondientes (de Infraestructura). Considera que las empresas de desarrollo urbano son intermediarios que no ejecutan los contratos directamente sino a través de contratación con particulares.
“La intermediación, normalmente, tiene un costo que encarece el valor final del proyecto y las condiciones de contratación no se rigen por los principios de la contratación pública”, alertó.
Añade que en ambos casos, tanto EduNorte como DESur, son entidades muy nuevas para tener a su cargo la contratación de dos obras que suman una inversión superior a los $154.000 millones, para lo cual se requeriría mayor experiencia. “Estas empresas (de desarrollo urbano) deben contar con esquemas técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para poder ser eficientes, y eso no se consigue de la noche a la mañana”, recalca José Fernando Villegas, director de la seccional de la CCI.
La entidad señala que “estas recomendaciones buscan contribuir para que los proyectos cuenten con buenas prácticas de contratación de infraestructura, que promuevan la amplia participación de proponentes idóneos y el uso eficiente de dineros públicos”.
Villegas admite que estas entidades son legales y están autorizadas por el Estado, pero se han convertido en una estrategia para eludir la Ley de Contratación Estatal que, en su concepto, es más eficiente a la hora de contratar y ejecutar proyectos.
“La Ley de Contratación es la que hace más eficiente al Estado y el mejor ejemplo de ello es Invías (Instituto Nacional de Vías), que se rige por el régimen estatal y ha demostrado su eficiencia”.
Villegas señala tres males que su agremiación tiene detectados en la contratación a través de las empresas de desarrollo urbano: uno, que los contratos son más demorados; dos, que generalmente requieren más ampliaciones de plazos y recursos; y tercero, que no se caracterizan por la pluralidad de oferentes, condición que deben tener los procesos de contratación de obras estatales.
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