Los consejeros municipales, sobre quienes recae la ejecución del Presupuesto Participativo, estarían entregando contratos a fundaciones que ellos mismos o sus familiares presiden. Pero, a pesar de la presunta irregularidad, no hay norma que prohiba esta acción dentro de la regulación del PP. La alcaldía dijo que promoverá un código de transparencia y evitar el nepotismo y el amiguismo.
Ayer, la Personería alertó que ha recibido “innumerables” quejas sobre la ejecución del Presupuesto Participativo. Para el personero de Medellín, William Yeffer Vivas, la noticia no es menor. Las cifras lo avalan: el PP representa el 5 % del presupuesto libre de inversión de la ciudad, unos $234.000 millones para este año.
La entidad del Ministerio Público envió una alerta a la administración municipal sobre cuestionables contrataciones que vienen haciendo los Consejos Municipales y Corregimentales de Planeación (CCCP). En términos sencillos, estos están compuestos por ciudadanos de las 16 comunas y los cinco corregimientos. Su misión es velar por el desarrollo local y los proyectos de cada zona. Cada comuna, según sus particularidades, como la población, tiene un número de consejeros que presiden la ejecución del PP.
“Al parecer, los contratos serían ejecutados por los mismos consejeros o por sus familiares. Desde 2020 venimos recibiendo quejas sobre esto. A la administración le sugerimos que se establezcan inhabilidades e incompatibilidades para que los contratantes no tengan vínculos de consanguinidad con los miembros del CCCP”, indicó Vivas.
Vacío normativo
A pesar de que existe la intención de revisar la contratación, la Personería se encontrará con un escollo: la norma no prohibe que la contratación sea ejecutada por los propios consejeros o sus familiares. Para Vivas, aunque no haya una restricción, la acción sí representa una falla ética y, por ende, es cuestionable. “A pesar de que no esté la norma, es algo irregular. Las personas que hacen la planeación, priorizan y aprueban el Presupuesto Participativo, son los mismos que finalmente lo ejecutan. Eso es un círculo vicioso que la ciudadanía ha denunciado. Es hora de tomar cartas”, remató Vivas.
Debatir el Acuerdo 28
Para aclarar el tema, consultamos a Stella Restrepo, presidenta del Consejo Territorial de Planeación (CTP) de Medellín. Esa entidad es precisamente la que emite el concepto final sobre los planes formulados por los CCCP. Restrepo aclaró que, al no haber una restricción, no hay forma de decirles a los consejeros a quién contratar y a quién no. “Éticamente no está bien plantear el proyecto, hacerle ‘loby’ y ejecutarlo. Sin embargo, como eso no está regulado, no se les puede decir que no lo hagan porque jurídicamente no hay argumento”, consideró.
Restrepo, además, hizo parte del Observatorio de Participación Ciudadana de la Personería de Medellín entre 2017 y 2018. En su momento, dijo, se quejó de que los consejeros pudieran ser contratistas.
La normatividad que está hoy vigente quedó consignada en el Acuerdo Municipal 028 de 2017. La presidenta del CTP también estuvo en los debates del Concejo en ese año. “De los debates salió la norma, que quedó floja. El problema no era la comunidad, sino la contratación y la repartición de recursos”, comentó Restrepo.
Para la presidenta del CTP, ahora, lo que sigue, será volver a debatir el acuerdo 28. “Tenemos que tener una regla clara en la que nos digan que no se puede ser juez y parte. Ahí está el quid del asunto”, explicó. Añadió que el proceso tendría que darse, de nuevo, en el Concejo, en donde tendría que superar dos debates para ser aprobado.
La administración respondió, ayer mismo, que ya se está planeando una solución al vacío normativo. El secretario de Participación Ciudadana, Juan Pablo Ramírez, indicó que los $234.000 millones del Presupuesto Participativo serán priorizados este año en la reactivación económica de la ciudad. “Hemos adelantado acciones con la Personería de Medellín para que nos acompañe en toda nuestra actuación frente a los Consejos comunales”, advirtió.
Sin embargo, la noticia más importante que dio el secretario es que, efectivamente, están buscando una manera de suplir el vacío normativo. “Estamos trabajando con el Departamento Administrativo de Planeación para incluir un marco regulatorio de inhabilidad e incompatibilidades para que, desde la autonomía de los Consejos Comunales, trabajen en la inclusión de códigos de ética en el desarrollo de sus actividades”, finalizó.
Según la Personería, las comunas en las que más se estaría presentando este tipo de acciones sobre la contratación son el Doce de Octubre, Villa Hermosa, Belén, Santa Cruz y el Popular.
Dos casos
Una consejera de la comuna 6, cuyo nombre pidió no revelar, advirtió que la delegación de contratos en fundaciones de los propios consejeros o de sus familiares es “mucho más común de lo que se cree”. Contó: “No hay necesidad de denunciar algo que ya todo el mundo lo sabe. Algunos actores del territorio (consejeros) tienen organizaciones que ellos mismos contratan. Eso me parece un tema complejo, que no está bien. Es gravísimo que la contratación se concentre en los mismo consejeros”.
La mujer añadió que hace un tiempo hizo público un acto irregular de un consejero. Contó que su vida se vio en riesgo, pues fue amenazada. “No pienso hacerlo otra vez porque todos los gastos para hacer el seguimiento del caso recaen sobre uno y al final no ocurre nada con el responsable”, puntualizó.
Por su parte, Elkin Pérez, uno de los 32 consejeros de la comuna 1, indicó que el Presupuesto Participativo, a su modo de ver, tiene varios vacíos. En cuanto a los vicios en la contratación, advirtió que “no es tan común en la comuna 1. Lo que falta, en algunas zonas, es mayor transparencia para que se conozca de manera pública con quién se hacen los contratos. Debería haber una plataforma como el Secop en la que se suba toda la información”, opinó el consejero.
En cuanto a los vacíos del PP, Pérez añadió que la fase 4, es decir, la de evaluación de los resultados, es la más floja. “No hay información suficiente para hacer un diagnóstico de lo ejecutado”, se quejó.
Las anteriores etapas son la planeación participativa, es decir, la pedagogía sobre los proyectos; la segunda es la priorización, o sea, cuando se vota por los proyectos a realizarse; y la tercera, por su parte, es la ejecución de lo definido.
Si bien la Personería no tiene una cifra aún de cuántos contratos podrían incurrir en cuestionamientos, ni tampoco hay un monto estimado, el personero señaló que “todo el presupuesto está en riesgo
156.467
personas de las 16 comunas y los cinco corregimientos votaron este año el PP.
$234.000
millones es el monto del Presupuesto Participativo para ejecutar este 2021.
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