Dentro de la intervención de oficio decretada el 5 de agosto pasado, la Contraloría General de la República entregó ocho observaciones a la actuación especial de fiscalización del parque de deportes a motor de Bello, conocido como Central Park.
La primera observación tiene que ver con los recursos destinados para el proyecto, a través de los contratos interadministrativos 265, 505 y 443 de 2019, por $148.207 millones.
Al 25 de octubre de 2021 se habían pagado $112.298 millones. La Contraloría evidenció que los recursos ejecutados no se encontraban en el uso para el cual se concibió el proyecto, además, las obras ejecutadas se encontraban en deterioro e incompletas, por lo cual se considera un posible daño patrimonial por el total de los pagos realizados.
Todas las situaciones expuestas, obedecen a deficiencias en la etapa de ejecución, y debilidades en el control técnico y operativo por parte de la interventoría, además de las falencias presentadas en las funciones de la supervisión encargada por la entidad estatal responsable, durante la ejecución y desarrollo de la obra, señala la entidad.
Igualmente, añadió, hubo deficiencias de coordinación, organización y planificación en la ejecución del proyecto por no efectuar un control, seguimiento y verificación al flujo de inversiones y al cronograma de actividades, donde se estableciera una ruta crítica que definiera los ítems de construcción de obras fundamentales a ejecutar.
Lo anterior, dio lugar al incumplimiento de los fines de la contratación estatal, ocasionado un presunto daño patrimonial por $112.684 millones, correspondiente a $106.975 millones de los contratos de obra 265 y 505 de 2019 y $5.709 millones del contrato de interventoría 443 de 2019. La observación tiene presunta connotación disciplinaria y fiscal.
Calidad de concretos y formas contractuales
Un segundo punto crítico es el control de calidad de los concretos del proyecto. De la información aportada por la interventoría, la Contraloría evidencia que los resultados de los cilindros de concreto de las estructuras construidas en la tribuna principal y en la torre de control, como concreto para pilas, anillos, vigas, columnas, módulo a vigas, no cumplen con la resistencia promedio a los 28 días, registran valores por debajo de la resistencia de diseño y no hay resultados de fallo de los testigos.
Así mismo, se evidencia que hay muestras sin resultados, algunas pendientes de resultados a los 28 días, como concreto para escaleras de emergencia tramo I, muros foso ascensor, losa de cubierta, de escaleras de emergencia, zona paddock, peldaños de apoyo de graderías, pilas, anillos, losas de contrapiso, entre otros.
“La anterior situación es el resultado de las deficiencias de seguimiento y verificación de los supervisores de Viva que estaban encargados directamente de controlar técnicamente los vaciados de los concretos ejecutados en obra, por lo que las estructuras en concreto referenciadas en las tablas suministradas y condensadas por la interventoría, indican que no se cumplieron con los procedimientos técnicos de control de calidad”, dice la Contraloría.
Otros reproches tuvieron que ver con requisitos legales en el auto que justificó un contrato interadministrativo entre Indeportes y Viva para la construcción del parque a motor; la modalidad de selección, la manifestación de interés y las garantías de los contratos de obra, además de las garantías y la publicación en el Secop de los contratos interadministrativos.
La Contraloría informó que las ocho observaciones deben ser contestadas por la Gobernación de Antioquia, Indeportes y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), para dar respuesta a las observaciones formuladas y presentar los documentos, soportes y anexos que permitan aclarar o desvirtuar las observaciones, garantizando de esta manera el derecho a la contradicción y defensa.
Respuesta de la Gobernación:
“Es un proyecto que vamos a sacar adelante, tenemos un equipo técnico haciendo diseños para terminar este proyecto, estamos trabajando con Viva e Indeportes para liquidar los contratos para despejar la ruta y salvar este proyecto”, dijo este jueves el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez.
Dijo que en el primer semestre de 2022 la obra debe ser funcional y se debe determinar el monto de inversión que se requiere para concluirlo.