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Sorpresa causaron las declaraciones del alcalde Daniel Quintero este martes en el consejo de gobierno sobre la inminencia de la multa por la no entrada en operación de Hidroituango este mes.
Pese a que el jueves pasado aseguró que había concertado con el Gobierno Nacional más tiempo para ejecutar las pruebas necesarias y que se gestionarían los plazos con las instituciones para evitar las sanciones, este martes salió a decir que la multa de la Creg es una posibilidad real.
Además aseguró que la multa, en caso de ser cobrada, no habría plata con qué pagarla y que, además, esto afectaría futuros proyectos tanto de EPM como de la misma ciudad.
“Tenemos la amenaza de una sanción si el 30 de noviembre no salimos a operar, vamos bien, pero obviamente si nos sancionan no va a haber recursos porque el impacto es de 3 billones de pesos, por eso nos hemos unidos para que no multen a EPM”, manifestó el mandatario.
La versión se contradice con la entregada el jueves pasado, donde sostuvo que “llegamos a un acuerdo con el Gobierno Nacional: vamos a tener los tiempos necesarios para poder hacer las pruebas, chequeos y simulaciones necesarias en el proyecto”.
Incluso culpó durante el Consejo de Gobierno de este martes a las anteriores administraciones de Medellín por haber vendido la energía del proyecto mientras este era ejecutado, comprometiendo recursos que están en riesgo por el no encendido de la hidroeléctrica.
“Antes de que nosotros llegáramos, las administraciones anteriores se comprometieron a vender una energía, a pesar de que el proyecto estaba mal y tenía todos estos problemas. Cuando uno no cumple esos compromisos, le toca pagar”, dijo el gobernante.
La última carta con la que pretenden obtener una prórroga en los plazos para encender Hidroituango está fundamentada en los requerimientos del Gobierno Nacional para evacuar a las poblaciones aguas abajo más cercanas a la presa, luego de la decisión tomada en el Puesto de Mando Unificado del pasado sábado en Puerto Valdivia.
En cuanto a la evacuación, Quintero señaló que el objetivo de la evacuación preventiva sería, de máximo, 12 horas, aunque dependen de que así lo determine la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).
“Vamos a hacer todo para que sea una evacuación digna, segura. Que no sea como la vez pasada, que era todo el mundo corriendo. Si toca ponerle cámaras, robocop, lo hacemos. Ya si la autoridad quiere que sea más tiempo, lo hacemos”, señaló el mandatario.
El pasado 23 de octubre EL COLOMBIANO publicó un informe en el que resonaban las palabras del alcalde Quintero que semanas antes decía que prefería pagar 3 billones de pesos antes que entrar en generación con riesgos.