El Tribunal Superior de Medellín negó una tutela en la que Andrés Felipe Rodríguez, vocero del comité promotor de la revocatoria, pidió que se le ordenara al Consejo Nacional Electoral, CNE, certificar los estados contables y abstenerse de abrir investigación al comité promotor de la revocatoria al alcalde Daniel Quintero.
En un fallo de primera instancia, la Sala Segunda de Decisión Civil negó el recurso al considerar que el Consejo Nacional Electoral ya se pronunció sobre la certificación y sobre los estados contables incluso antes de que se instaurara la presente acción de tutela.
El Tribunal Superior consideró que el juez constitucional no puede invadir las competencias del CNE por ser este “un órgano autónomo e independiente que tiene entre sus funciones la de iniciar investigaciones de oficio en los casos expresa y legalmente previstos” y que las personas afectadas gozan de la garantía del debido proceso y pueden exponer todos sus medios de defensa que consideren y la posibilidad de impugnar las decisiones que se profieran.
Hay que recordar que la revocatoria al alcalde prácticamente se cayó el pasado 26 de abril, cuando en la sesión plena del CNE los magistrados decidieron formular cargos en contra de los líderes de la revocatoria en medio de la verificación de sus estados contables, con una votación de siete a favor y dos que salvaron su voto: los magistrados Hernán Penagos Giraldo, del Partido de la U, y Pedro Felipe Gutiérrez, del Centro Democrático.
En esa oportunidad EL COLOMBIANO confirmó con antelación que los cargos contra el comité revocador fueron dos: uno porque en los estados contables no figuraban la totalidad de los aportes en dinero y en especie que cada persona hizo, y el otro por una presunta vulneración de los topes establecidos, que para el caso de la revocatoria de Medellín era de $236 millones.
El Tribunal Superior aclaró que su fallo puede ser impugnado
Aunque esta decisión favorece directamente al alcalde Quintero en el tema de la revocatoria, el mandatario sigue suspendido desde el pasado 11 de mayo por presunta participación en política a favor del candidato presidencial Gustavo Petro en una decisión que tomó la Procuraduría General de la República. En su reemplazo ejerce el cargo la secretaria de Salud de su gabinete, Andree Uribe.
