En septiembre del año pasado el hacinamiento en las estaciones de Policía y calabozos del Valle de Aburrá llegó a un alarmante 713 %. Con cifras entregadas ayer por las autoridades metropolitanas, los 1.750 detenidos que están en estos lugares transitorios representan exactamente el mismo porcentaje de exceso. Por ello, el Ministerio de Justicia ratificó el interés en buscar salidas.
En un informe que compartió a EL COLOMBIANO, esta cartera presentó los avances sobre esta materia, en especial de las acciones para dar respuesta a una decisión de la Corte Suprema de Justicia que, en octubre del año pasado, ordenó tutelar el derecho fundamental a la dignidad humana de los presos en sitios de paso.
Cabe que recordar que la sentencia judicial subrayó el deber de la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana, la Alcaldía de Medellín, el Ministerio de Justicia, la Uspec y el Inpec, de construir en un plazo de tres años un centro para indiciados y sindicados, con capacidad similar a la de la cárcel de Pedregal (1.548 hombres y 1.254 mujeres).
¿En qué va el proceso?
De acuerdo con el documento entregado por MinJusticia, esta cartera se encuentra en proceso para identificar un predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que sirva para el proyecto carcelario. Este trámite inició el 19 de noviembre de 2019 y la SAE pidió especificaciones técnicas sobre el inmueble para que se ajuste a dicho fin.
Como este es un compromiso vinculante con la Alcaldía de Medellín, el entonces candidato Daniel Quintero anunció el 12 de septiembre de 2019, cuando este diario denunció el hacinamiento carcelario, que si ganaba la alcaldía construiría un nuevo centro para detenidos. “Hay que reconocer que las cárceles que tenemos son universidades del delito, eso debe cambiar. Construiremos la cárcel para sindicados y casas de pospenados, oportunidades para su resocialización. Esta sí es una medida de reducción de los delitos en Medellín”, dijo.
El informe de MinJusticia detalla que, dentro de los compromisos adquiridos por la Gobernación estaba el de solicitar la modulación del fallo de la Corte, que es una interpretación del sentido de la sentencia y ver qué ente es responsable de las obligaciones dictadas por los magistrados. No obstante, explicó la cartera, el Departamento no ha informado sobre esto debido al cambio de mandato.
Sin embargo, el gobernador Aníbal Gaviria aseguró que el próximo consejo de seguridad tendrá como foco el tema carcelario e insistió en la importancia de establecer mecanismos de colaboración conjunta con el Gobierno Nacional para resolver el hacinamiento carcelario regional.
“Esperamos poder tener presencia de actores de primer nivel como la ministra de Justicia para idear una solución y ejecutarla”, expresó Gaviria.
Otras acciones
MinJusticia reveló que el año pasado en los tres establecimientos de reclusión del Inpec en el Valle de Aburrá fueron recibidos 4.714 presos provenientes de estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata. De ellos, 2.047 eran sindicados.
Para generar más cupos en las tres penitenciarías antes mencionadas, en 2019 fueron trasladadas 1.550 personas a otras cárceles del país. De ellas, 911 fueron por descongestión.
Dentro de las iniciativas para atender la situación de hacinamiento, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) decidió desarrollar proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria modular, lo que a corto plazo permitirá la generación de cupos en los establecimientos identificados con mayores necesidades, según detalló el Ministerio.
Con la implementación de este sistema se prevé habilitar en el país 4.920 cupos para las personas privadas de la libertad en condición de condenados y los que ya están pronto por cumplir su pena. Los establecimientos que se incluirán en el proyecto son de mediana y mínima seguridad, cumpliendo con estándares y normas técnicas.
La Uspec, acotó Minjusticia, suscribió un contrato con el Consorcio GP-Olaguer el 27 de diciembre de 2019, para generar 510 cupos nuevos este año en el establecimiento penitenciario de Itagüí, mediante la ampliación en infraestructura modular por $17.845 millones, el cual tiene previsto iniciar actividades este mes.
También se generarán 410 cupos en Bellavista con la construcción del nuevo pabellón dos. El contrato se inició el 3 de abril de 2019, y se encuentra en etapa de preconstrucción. El Ministerio sostuvo que se pretende firmar acta de inicio en febrero, y estimó que sería entregado en 2021.
Con respecto al nuevo pabellón cuatro, la Uspec firmó el contrato 184 de 2019, para la consultoría de los estudios y diseños. El contrato arrancó ejecución el 25 de noviembre de 2019, y la consultoría será entregada en mayo. Una vez recibida la consultoría, se dará inicio a los procesos de convocatoria, para contratar la obra con la que se pretenden 520 cupos. Este año se gestionará la solicitud de vigencias futuras para ejecutar el proyecto.
Críticas al plan
Juan David Posada, director del semillero de Derecho Penitenciario de la Universidad de Antioquia, opinó que la construcción de otra cárcel no es la solución. Explicó que los avances en tecnología satelital han creado posibilidades de vigilancia confiables y que estas son utilizadas en otros países.
Según Posada, una cárcel como la que le exige la Corte no cumpliría con las necesidades de la ciudad. “En promedio, el número de personas en situación de detención preventiva intramural en la ciudad es de 2.500 a 3.000, una cifra mayor de la que podría albergar la cárcel que se está pensando construir” .
