El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó su presencia en el consejo de seguridad que se realizará el próximo jueves 23 de febrero en el municipio de Sonsón. También estará en Ciudad Bolívar, presidiendo otro consejo de seguridad tras las recientes masacres ocurridas en el municipio.
El anuncio llega después de las comunidades y mandatarios de los municipios del oriente lejano de Antioquia le pidieran al Gobierno Nacional su presencia en el territorio, luego de que a punta de amenazas por Whatsapp los cabecillas del Clan de Oriente, alias Camilo y Chatarra, confinaran a las poblaciones de Nariño y Argelia durante tres días, en una grave violación de los derechos humanos que no se veía en la región en dichas dimensiones desde las peores épocas del conflicto armado.
Se espera que además del Gobierno Nacional haga presencia el gobernador Aníbal Gaviria, criticado por sectores políticos y ciudadanos del Oriente antioqueño por lo que califican como una actuación poco diligente para atender la grave crisis social y de seguridad que vive desde hace meses la subregión.
También se espera la presencia de los alcaldes, sobre los cuales recaen varias amenazas de muerte por parte de grupos armados, tales son los casos de los mandatarios de Nariño y Argelia.
Aunque las amenazas que encerraron a los habitantes de Argelia y Nariño fueron cometidas por Camilo y alias Chatarra, dos cabecillas del Clan del Golfo, la crisis en el Oriente antioqueño responde a múltiples factores y grupos armados, tales como el ELN y las disidencias y algunas facciones neoparamilitares, descendientes de viejos clanes narcoparamilitares como el clan Isaza, que empezaron desde hace varios años a reconquistar terreno desde el Magdalena Medio y han ascendido copando zonas estratégicas del Oriente para montar laboratorios de procesamiento de pasta de coca y dominar el microtráfico de estos municipios.
Este será el primer consejo de seguridad focalizado en la subregión del Oriente, liderado por el Gobierno Petro. Se espera que de allí salgan estrategias concretas para frenar la ola de violencia que ha dejado más de 30 muertes en lo que va de 2023, así como decenas de líderes sociales amenazados y veredas confinadas.
