Hoy, un año después de la tragedia en la mina La Cancha, del municipio de Amagá, alrededor de 280 mineros trabajan sin ningún tipo de restricción, en condiciones de alto riesgo, en 17 de las 21 unidades mineras que ordenaron cerrar después del lamentable suceso.
Hace 12 meses, el Gobierno Nacional y la Secretaría de Minas de Antioquia evaluaron la situación del sector en el municipio y decidieron decretar la Calamidad Pública; debido a esta medida, cerraron 21 unidades mineras que estaban en alto riesgo por estar en los alrededores de La Cancha.
Las minas estuvieron cerradas y custodiadas por la Fuerza Pública por casi dos meses, tiempo en el cual los socavones no tuvieron ningún tipo de mantenimiento. Una vez se retiraron los uniformados, los mineros volvieron a ingresar. Luego se produjo otro cierre preventivo, que duró pocos días porque otra vez volvieron a entrar a principios de 2015.
“En este momento, todas esas minas están en operación, solo hay cuatro que no se pudieron reabrir porque sufrieron derrumbes en su interior o por los altos costos que implicaba trabajar en estas”, confirmó Carlos Mario Usma, director de Gestión Ambiental y Minera de Amagá.
El funcionario aseguró que estas 17 unidades mineras generan entre 250 y 300 empleos directos, todos en condiciones de alto riesgo por inundación y derrumbe.
Lo que se ha hecho
Después del 30 de octubre de 2014, el Gobierno Nacional realizó tres entregas de 384 mercados en noviembre, diciembre y en enero. Estas ayudas fueron recibidas por familiares de las víctimas y de quienes se quedaron sin trabajo.
“También se firmó un convenio marco entre entidades nacionales, regionales y locales, para realizar unos estudios en la cuenca del Sinifaná y así saber qué rumbo debe tomar la subregión con respecto a la explotación minera. El convenio va hasta el 31 de diciembre de 2017”, explicó Usma.
El principal objetivo es avanzar en la atención a la problemática socio-económica y el desarrollo de actividades mineras seguras.
Las universidades Nacional y Eafit ya realizaron unos estudios cuyos resultados fueron fundamentales para que la Nación, la Gobernación de Antioquia, Corantioquia y las alcaldías de Amagá, Angelópolis, Titiribí, Fredonia y Venecia, tomaran decisiones acertadas en pro de mejorar esta problemática.
El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) creó 384 empleos, de los cuales solo 101 fueron utilizados por algunos mineros y familiares.
Sin embargo, los mineros estuvieron reacios con esas plazas laborales, por dos razones: su duración, ocho meses y la remuneración, el salario mínimo pero con todas las prestaciones sociales.
“De las 101 personas que tenemos vinculadas en este momento, solo cinco son mineros de la zona, el resto son familiares. Estamos realizando con ellos el mantenimiento de las vías terciarias, la limpieza de las microcuencas del municipio y vamos a terminar realizando el mantenimiento a diferentes espacios públicos como placas polideportivas, centros de recreación e instituciones educativas”, dijo Usma, quien agregó que el contrato de estas personas inició en septiembre y termina a finales de abril de 2016.
Según la Alcaldía de Amagá, actualmente hay entre 2.800 y 3.000 personas trabajando en la minería formal y no formal del municipio.
384
empleos ofreció el DPS para ocupar a los mineros cesantes de Amagá, pero solo 5 aceptaron el trabajo.
