El ambiente está enrarecido y tenso entre los mineros del Bajo Cauca, quienes ven a la vuelta de la esquina un nuevo paro ante los que consideran varios incumplimientos del gobierno nacional respecto a los acuerdos a los que llegaron desde abril del año pasado, tras 33 días de protesta, y entre los que uno de los puntos fundamentales era la caracterización de los mineros, incluidos los que poseen maquinaria amarilla legal, de modo que pudieran realizar sus actividades de forma segura y con la normatividad requerida. Liseth Osorio Martínez, presidenta del Comité por la Vida y la Formalización Minera, afirma que están en el limbo y preocupados porque no ven avances en los procesos y por el reciente decreto nacional que da vía libre a la fuerza pública para destruir, inhabilitar o neutralizar maquinaria pesada utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin título minero y licencia ambiental.
Ha pasado más de un año y medio desde que llegaron a acuerdos con el gobierno, ¿por qué hoy parecen en el mismo punto de partida?
“Después de los 33 días de paro en 2023, el gobierno nacional hizo unos compromisos con nosotros, como la caracterización de las personas que ejercían la actividad minera en toda la subregión, y se especificaba que iban a caracterizar a los dueños o tenedores de la maquinaria amarilla. Dentro de esos compromisos quedó establecido que la mediana minería se iba a formalizar. Los líderes sociales estuvimos motivando al gremio, que por estar muy disperso es difícil socializarle tantos temas, nos dimos a la tarea voluntariamente de organizarlos para que no perdieran la oportunidad de formalizarse. Pero hoy vemos con preocupación el anuncio del decreto 1035 que le da a la fuerza pública la facultad de proceder contra nuestros equipos si no contamos con requisitos como el título o la licencia ambiental, y es cierto que la gran mayoría de las personas que ejercemos esta actividad en el Bajo Cauca no cumple con estos requisitos”.
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¿Pero entonces qué pasó con el proceso, que no tienen esos requisitos todavía?
“Es que nos sometimos a un proceso de formalización dando un voto de confianza y ahora desconocen a los que voluntariamente nos acogimos al proceso y nos tratan igual que a los que no se quisieron someter. Lo más berraco es que la caracterización se hizo y quedamos incluidas 2.499 UPM (entables mineros), de las cuales 735 son UPM de maquinaria amarilla; a todos les tomaron los datos, coordenadas, ubicación y esas las tenemos identificadas. Nos dijeron que las organizáramos mediante asociaciones agromineras para obtener los títulos, pero el 18 de septiembre en una reunión en el auditorio de la Alcaldía de Caucasia, los funcionarios de la ANM nos dijeron que a los dueños de maquinaria amarilla que se hayan organizado así no les va a servir, que porque así no era”.
¿Por qué no?
“Que porque no se podía demostrar la capacidad financiera de las asociaciones, pero las veces que les preguntamos a los funcionarios de la ANM insistentemente cuál era el debido proceso se quedaban callados. Además, en la caracterización se dieron cuenta de que el 45,5% de los mineros caracterizados no sabe ni leer ni escribir, ¿cómo pretendían que unas personas que no leen ni escriben entendieran mediante diapositivas todo lo que ellos explicaban?, ¿dónde está la sensibilidad de los funcionarios? Y aparte estamos frente a un gremio en el que un funcionario es la autoridad: yo le creo a la doctora porque es la doctora que vino de Bogotá y como la doctora que vino de Bogotá no dijo eso, yo no lo voy a hacer. Es así como funciona. Nosotros necesitábamos una circular, una resolución, algo que nos dijera que esto era de tal forma. Insistimos muchas veces que necesitábamos un equipo social que nos ayudara, pero dejaron todo en nuestras manos, nosotros como hemos podido hemos hecho todo para que la gente no perdiera la oportunidad y así nos van a pagar. Duele y es indignante porque muchos de nosotros dejamos nuestros trabajos nuestras minas para que esto no se perdiera”.
